Condenada Colombia por genocidio de la UP

Cuarenta años después de perpetrado el genocidio de la Unión Patriótica (UP) y a treinta años de interpuesta la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llega por fin la condena de esta al Estado colombiano por el exterminio de ese partido político.

Loable que se haya producido, lamentable que se dé con tanta demora, luego de que muchos de quienes acudieron como víctimas
a la justicia internacional ante la inoperancia de las cortes nacionales ya murieron esperando la reparación que la normativa internacional tiene prevista.

Es un precedente judicial importante que obliga a los Estados en el tratamiento de los partidos de oposición y enlaza el caso con los regímenes de otros países latinoamericanos. Pone de presente que el recurso humano de la Corte Interamericana es insuficiente y que es necesario que los Estados acuerden dotarla de manera que alcance a resolver sus casos en periodos que
pongan la justicia al alcance de las víctimas y no solo de sus herederos.

La UP fue un partido creado por las FARC en el marco de las negociaciones de paz con el Gobierno de Belisario Betancur. Sus integrantes no eran guerrilleros armados sino sociedad civil organizada.

En declaraciones que pude presenciar de víctimas de este partido ante la Corte Suprema, relataban el entusiasmo que entre la población despertó esta oportunidad de paz, pero luego tuvieron que ver cómo los concejales (cuerpo colegiado de elección popular del orden municipal), los diputados (del orden departamental) y los representantes (cámara baja del Congreso nacional) iban cayendo asesinados.

En estos días se conmemoró un aniversario más del asesinato de Bernardo Jaramillo, el candidato presidencial de la UP cuando adelantaba su campaña hacia la presidencia. Iván Márquez, el jefe negociador de las FARC, que desertó de la mesa de negociación luego de haber firmado el Acuerdo de Paz, era congresista por ese partido y se fue a la guerrilla cuando vio cómo le cerraron los caminos de la legalidad. Simón Trinidad, quien se encuentra preso en condiciones extremas en Estados Unidos, decidió unirse a las FARC cuando sintió que su actividad política abierta en su ciudad (Valledupar) no le deparaba más que el asesinato por sicarios.

Vale la pena señalar que la mayoría de los paramilitares extraditados ya salieron por pena cumplida: unos regresaron al país y otros viven en total libertad en Estados Unidos luego de negociar con la justicia de ese país. Pero Simón Trinidad sigue sin esperanzas siquiera de relajamiento humanitario de sus condiciones de detención.

La condena de la CIDH por el caso de la UP es no sólo por omisión sino también por acción, desde 1984, con más de 6 mil víctimas, en una acción continuada y sistemática que la Corte calificó como crimen de lesa humanidad porque las acciones y omisiones del Estado tenían como fin acabar con un grupo humano, configurando un genocidio, “con una clara ausencia de investigación y persecución penal de los hechos”.

La Corte encontró además que el Estado violó los derechos políticos y la libertad de expresión y asociación porque el móvil de esas
acciones era acabar con un partido político y las ideas que profesaba.

El fallo también reconoce que se violó el derecho de las víctimas a conocer la verdad y, por primera vez el derecho de la sociedad en su conjunto. No es el único caso de masacres cometidas por el Estado colombiano: el último día del pasado mes de enero, el Gobierno presidido por Gustavo Petro reconoció su responsabilidad en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas y abusos a la población civil durante la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín, cometidas por el Ejército colombiano en connivencia con paramilitares en el año 2002. Fueron 20 años de negación de hechos bastante documentados, no solo por declaraciones de testigos y aún miembros de la fuerza pública sino por constancia gráfica, hasta cuando ahora un gobierno progresista decide asumir la responsabilidad del Estado.

Una de esas desapariciones, la de Arley Edison Guzmán, fue llevado ante la CIDH por su esposa luego de que ni la fiscalía ni la justicia ordinaria se interesaro debidamente por el caso, hasta cuando ahora la representación colombiana reconoció ante esa Corte su responsabilidad en el caso por la acción de su desaparición y la desidia de la justicia nacional.

El fallo sobre la UP y el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en este caso y en el de la Operación Orión, ha sido posible por la llegada de un gobierno progresista que tiene un propósito de sanear las costumbres políticas y ganar la confianza de la ciudadanía en la acción estatal para caminar en el sentido de erradicar la justicia por mano propia que en general se presenta ante la desconfianza de lograrla por las vías legales.

No es un asunto fácil y requiere el concurso de la ciudadanía; el Gobierno no es de ángeles, para sobrevivir se ha visto obligado a pactar más allá de lo que en un comienzo hubiera deseado, pero ha convocado a enemigos y adversarios para trabajar juntos por la pacificación del país.

Es la paz total de la que habla el Gobierno, un terreno lleno de obstáculos que no siempre se sortean de la mejor manera, pero es
el único hasta ahora propuesto por Gobierno alguno para erradicar la violencia de la acción política. En política no se trabaja con lo ideal sino con lo realizable orientado por ideales nobles. A eso hay que apostarle como país.