El país que recibe Petro

domingo, 31 de julio de 2022 · 15:18

El próximo 7 de agosto asumirá el poder Gustavo Petro, exguerrillero, firmante en 1990 de la dejación de armas de su organización, el M19, y como consecuencia, amnistiado por el Estado colombiano. Desde entonces se ha mantenido en la legalidad, elegido senador todas las veces que se sometió a votación y, en la última legislatura por derecho propio, por haber quedado como segundo en la contienda presidencial.

Según el economista Carlos Caballero Argáez, exministro, director de Fedesarrollo, presidente de la Asociación bancaria, miembro de la junta directiva del Banco de la República, director de Proexpo, presidente de Bancoldex y de la Bolsa de Valores de Bogotá (presento este currículum somero para evidenciar que no es ni izquierdista ni simpatizante del futuro Presidente), el panorama económico que debe enfrentar Petro es, cuando menos, bastante difícil.

Cito su columna en el periódico El Tiempo del día de ayer: “El dinamismo de la actividad productiva es sorprendente; la perspectiva para los próximos meses y para el año que viene, sin embargo, es de desaceleración, en medio de inflación, tasas de interés altas en Colombia y en el mundo, reforma tributaria en el Congreso, y del pésimo entorno internacional signado por la recesión en Estados Unidos, la guerra y la crisis energética en Europa… Así el Gobierno saliente afirme que entrega la casa en orden, la verdad es que el déficit del 5.65 por ciento del PIB proyectado para el fin del año constituye un elevado riesgo macroeconómico… y habría que reducirlo en el 2023 y el 2024 hasta el 2 por ciento... por eso, como ya lo ha confirmado el futuro ministro de Hacienda, el nuevo Gobierno va a apretar las tuercas con la nueva reforma tributaria. Tiene que hacerlo”.

Por su parte, Salomón Kalmanovitz, eminente catedrático y excodirector del Banco de la República, opina: “Cuando se posesione Gustavo Petro como presidente encontrará raspada la olla de las fi nanzas públicas y no sólo eso, sino también endeudado hasta la camisa. El déficit fiscal que encontrará… será de 83 billones, equivalentes al 6.8 por ciento del PIB, el más alto en la historia del país; al mismo tiempo, se encontrará con que la deuda pública se incrementó del 36 por ciento al 57 por ciento del PIB entre enero de 2019 y el mismo mes de 2022, que obligará a pagar altos intereses y reducir el gasto en sus programas prioritarios… Una cifra tan alta de endeudamiento público reduce también el acceso del nuevo gobierno a los mercados internacionales para financiar sus actividades. Se verá obligado a recurrir a la tributación de las personas naturales…”

Esa situación es producto del derroche de un gobierno dedicado al dolce far niente, como un jubilado rico que quiere divertirse recorriendo el mundo de farra con sus amigos y familia, paseando en Portugal en vez de recibir el informe de la Comisión de la Verdad y disfrutando de parrandas vallenatas en momentos en que el asesinato de 34 policías por el Clan del Golfo, que meses antes había puesto al país en jaque con un paro armado, tenía conmocionado y en duelo a Colombia.

Otra muestra del derroche del gobierno de Iván Duque es el nombramiento en cargos diplomáticos en los últimos meses, de personas ajenas a la carrera diplomática, lo cual implica pago de pasajes y gastos de instalación para que, casi de inmediato, deban nuevamente, con cargo al Estado, hacer esos mismos gastos para el regreso, además de lo correspondiente al menaje a que tengan derecho.

Hay que considerar además el desangre del país por cuenta de la corrupción, al parecer consentida por la falta de sanción, que se multiplicó durante su mandato. Dice el mismo Kalmanovitz que “el índice de percepción de la corrupción que publica Transparencia Internacional informa que 52 por ciento de personas consultadas (hombres de negocios y funcionarios internacionales) en Colombia pensaron que la corrupción había aumentado y el 20 por ciento de los usuarios de servicios del Gobierno reportaron haber pagado sobornos durante el último año”.

El pasado día primero de julio estalló un escándalo por el robo de 500 mil millones de pesos destinados al proceso de paz y en él parecen estar involucrados hasta el contralor general de la República y el Director general del Departamento Nacional de Planeación, éste a su vez involucrado en otro escándalo cuando se descubrió que está construyendo en su ciudad natal, Valledupar, una mansión de aproximadamente dos mil millones de pesos. ¡Y éste es el candidato que tenía el uribismo para Contralor general! No podían faltar los congresistas afines al gobierno, quienes también resultaron involucrados con algunos alcaldes y contratistas. (1 dólar equivale a 4 mil pesos colombianos).

Este robo lo descubrió la periodista Valeria Santos y no ha podido ser desmentida.

Meses antes el país se había escandalizado por el robo de 70 mil millones destinados a dotar de conectividad de Internet las escuelas de los sitios más apartados del país. No pasó nada, no hay ningún detenido por el caso, y por eso, prevalidos de la impunidad, vemos como cada día los corruptos fueron escalando el alcance de sus latrocinios.

El entusiasmo, la ilusión de la gente ante la llegada de un Gobierno que esperan cambie ese estado de cosas, es proporcional a la alegría por la partida de un Presidente y su Gobierno corrupto, inepto, irresponsable, que parece haber llegado al poder para divertirse a costa del erario público. Lo que se conoce hasta el momento del equipo y los propósitos de los que se posesionarán el próximo 7 de agosto parece indicar que no defraudarán las esperanzas.

Estas son tan grandes que quienes hoy los aplauden serán también alertas veedores para garantizar que, por primera vez en este país, la paz, la equidad y el respeto al medio ambiente tendrán una oportunidad real

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