La matanza de los inocentes

Como si no lo supiéramos, como si no se hubiera oído mil veces por voz de las víctimas, como si no hubiéramos visto las caravanas de desplazados salir huyendo como resucitados después de las matanzas, esta semana nuevamente nos estremecimos con el relato de los exmilitares ante la Justicia Especial de Paz (JEP) sobre cómo mataron a miles de inocentes para montar una farsa de combates exitosos contra la guerrilla y cobrar unas monedas por su sangre.

Ante esa jurisdicción de paz fueron desfilando delante de las madres, esposas, hijos de sus víctimas para relatar la ordalía a que sometieron zonas enteras de este país, prevalidos de que, como sus mandos estaban satisfechos (¿hasta dónde llegó esa cadena
de mando?) la verdad nunca afloraría y, lejos de recibir castigo, serían premiados con días de descanso, ascensos, dinero.

Pero varias cosas confluyeron para que esta verdad aflorara y hoy nos avergoncemos del abismo que no quisimos ver durante tantos años: por una parte, la firma de un acuerdo de paz que desmovilizó a la guerrilla más grande del país y tal vez la más antigua o una de las más longevas del mundo; y, como parte de lo acordado, la creación de un sistema integral de verdad, justicia y reparación, que contempla una escala de castigos no carcelarios a cambio de la verdad y reparación. Y, desde antes de esa firma, la lucha denodada de las madres y familias de víctimas de esas ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos, que no se resignaron a aceptar que a sus familiares los desaparecieran o entregaran sus cadáveres catalogándolos como guerrilleros caídos en combate.

Así mismo, desde hace años, en el país se han ido formando defensores de Derechos Humanos cada día más cualifi cados, con organizaciones cada día más consolidadas, que brindan asesoría a las víctimas y llevan sus casos ante la justicia nacional e internacional y que han encontrado apoyo en embajadas y organizaciones sociales otros países y organismos multilaterales.

La lucha de todos ellos confluyó en lo que se pudo oír en la JEP la semana pasada: “Lo asesiné, y cuando le puse el arma que los paramilitares mandaron, sentí sus manos llenas de callos, de campesino, de trabajador”.(declaración del Cabo (r) Néstor Gutiérrez ante la JEP)

En esa misma audiencia, el General Paulino Coronado declaró: “En nombre del Ejército que yo comandé, reconozco la responsabilidad imputada por la JEP en el auto 125 como máximo responsable de la Brigada 30. Acepto mi responsabilidad por exceso de confianza al haber asumido como cierto lo manifestado por mis subalternos en cuanto a que las operaciones
militares eran legales, cuando no lo fueron”.

El suboficial Sandro Mauricio Pérez, sargento segundo durante la época de los hechos, aceptó su responsabilidad señalando que fueron ocasionados por la presión que sus superiores ejercían para que presentaran bajas y que él a su vez aplicaba a sus subordinados.

Describió cómo les quitaba las cédulas de ciudadanía a sus víctimas para que no pudieran identificarlas, cómo hizo contacto con personas en Soacha (municipio conurbado a Bogotá) para que les ofrecieran trabajo a los jóvenes y cómo pagó el valor de los pasajes para que los llevaran hasta el otro extremo del país donde serían asesinados y presentados como bajas a la guerrilla.

Precisamente fueron las madres de estos muchachos de Soacha las que empezaron a agitar el ambiente buscando a sus hijos hasta encontrar sus cadáveres y no dejaron de luchar hasta demostrar que no eran guerrilleros sino pobres en busca de trabajo.

El Teniente Coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, integrante de la extinta Brigada Móvil 15 en 2006-2008, reconoció que se creó una competencia entre todas las brigadas para premiar con viajes a la que más bajas presentara. Así mismo, el Teniente Coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, comandante del Batallón de Infantería de Ocaña.

Aunque los oficiales mencionaron altos mandos, especialmente al General Mario Montoya, excomandante del Ejército durante la Presidencia de Álvaro Uribe y quien ha sido imputado por ejecuciones extrajudiciales, las víctimas consideran que no se ha señalado a los responsables de mayor jerarquía.

La embajada de Estados Unidos emitió el siguiente comunicado el pasado día 27: “Elogiamos la valentía de los soldados que reconocen su responsabilidad en falsos positivos y que piden perdón a las víctimas. Al contar lo que saben, ayudan a construir el proceso de justicia y paz”.

¿Quién dio la orden? Ese es el reclamo persistente.

Los escalofriantes relatos escuchados en esa audiencia pusieron de presente la impunidad que los hizo posible; sin embargo, en esta misma semana, tres hechos han llevado a recuperar la fe en la justicia: los culpables de falsos positivos reconocen su responsabilidad ante la Justicia de Paz; una juez se atrevió a negar la preclusión de investigación del expresidente Álvaro Uribe y lo envía a juicio por soborno de testigos y el Consejo de Estado tumba la revocatoria contra el alcalde de Medellín en la cual estaba empeñado el exmandatario.