El derecho al agua en la región mixe

Cada vez, con más frecuencia, los problemas relacionados con el abasto de agua serán tema central y motivo de disputas jurídicas y desazón social con llamados urgentes a la política. En los últimos días, el conflicto territorial y de agua en la zona mixe de Oaxaca ha sido noticia nuevamente. Los municipios de San Pedro y San Pablo Ayutla y Tamazulápam del Espíritu Santo están enfrentados y, desafortunadamente, todavía no hay visos de solución.

En la zona ya existía un conflicto territorial añejo, pero el reciente data de 2017, a partir de la disputa por los derechos de acceso a un manantial, concesionado a Ayutla, pero tomado en forma violenta por personas de Tamazulápam.

Un grupo de pobladores de Ayutla eligió la vía jurisdiccional para resolver el conflicto mediante la tramitación de los amparos indirectos 795/2017 y 936/2019 en contra de acciones del Presidente Municipal, del Agente Municipal de Tamazulápam y por las omisiones del Gobernador del Estado y de la Comisión del Agua.

Después de dos años en que los habitantes no tenían acceso al agua del manantial y recurrían a medios alternos y complicados de abastecimiento, el 24 de abril de 2019, las autoridades municipales y agrarias de Ayutla hicieron llegar el caso a la entonces relatora especial sobre los Derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz, colocándose el tema en la agenda internacional.

Y lo de hoy, a lo que no hay que restarle importancia: en el mundo de las redes sociales se lanzó el hashtag #AguaParaAyutlaYa al que se sumaron, entre otros, artistas, escritores, periodistas.

Después de 45 reuniones, el gobernador Murat anunció el 13 de mayo de ese año, la firma de un acuerdo a través del cual se pretendía “resolver el conflicto en un marco de civilidad y concordia” con el compromiso de seguir trabajando para dar seguimiento a los planteamientos de ambas comunidades.

El 6 de agosto, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos hizo pública una misión civil de observación en la región mixe de Oaxaca con el objetivo de documentar violaciones a los derechos humanos, con énfasis en las personas defensoras del derecho al agua.

Días después, el 30 de agosto, el gobernador anunció que los municipios en cuestión continuaban sin llegar a un acuerdo definitivo.

El 7 de abril del 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió medidas cautelares a favor de San Pedro y San Pablo Ayutla en las que, además, consideró lo que la pandemia iba a agravar.

Esta semana se dictó finalmente la resolución a favor de Ayutla del amparo 795/2017 y, a pesar del beneplácito de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no se ve que el conflicto vaya a terminar pronto, porque la solución jurídica no fue del agrado de todos los integrantes de las comunidades y, en ambos municipios, se argumenta que debe respetarse “el derecho a su autonomía, forma de organización, resolución de conflictos y la no intromisión de personas ajenas en la solución”.

¿Van a poder las autoridades señaladas como responsables cumplir la sentencia de amparo? ¿Hay condiciones?

Este es un botón de muestra de la complejidad que tiene un problema local que escaló a nivel nacional e internacional, pero que finalmente se tiene que resolver de nuevo en lo local con mediación y mucha, mucha política de la buena.

Por Leticia Bonifaz