Secuestro como terapia ocupacional

domingo, 5 de diciembre de 2021 · 12:09

Las extintas FARC se sometieron, como parte del acuerdo de paz en virtud del cual se desmovilizaron, a la Justicia Especial de Paz (JEP), creada por ese pacto. Ante ella han comparecido siempre que se les ha llamado, han aceptado sus crímenes y pedido perdón a sus víctimas y el 24 del presente mes celebraron junto con el expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, propiciador y firmante del acuerdo en nombre del Estado, el Presidente Iván Duque y el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres.

La JEP, debido a la magnitud del proceso por el número de indiciados y la gravedad y cantidad de delitos que debía investigar y sancionar, decidió abrir macrocasos para algunos de esos crímenes en vez de juzgar uno por uno por separado.

Estos son: Caso 1, secuestro. Caso 2, violación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de pueblos indígenas y afrodescendientes en el departamento de Nariño, Sur del país. Caso 3, falsos positivos. Caso 4, graves violaciones de estos derechos en Urabá (Noroeste del país) en los que participaron las FARC, fuerza pública, otros miembros del Estado no militares, y civiles.

Caso 5, situación del Norte del departamento del Cauca y Sur del Valle. Caso 6, victimización a la Unión Patriótica, partido político nacido de los diálogos de paz entre las antiguas FARC y el presidente Belisario Betacur y que fue víctima de exterminio por parte del Estado, por lo cual este se ha visto obligado a pedir perdón. Caso 7, reclutamiento forzado de menores.

El lunes 1º de junio del presente año, la Procuraduría General de la Nación, de tinte marcadamente conservador, envió un informe a la JEP en el que afirma que las FARC cometieron el crimen de lesa humanidad de esclavitud especialmente contra campesinos y conductores que eran obligados a transportar guerrilleros y realizar labores agrícolas y que así mismo traficaron con otros grupos armados la venta de secuestrados utilizándolos como bienes de su propiedad.

El tribunal de paz decidió aceptar ese concepto y lo incluyó en el Caso 1 de secuestro. Los excomandantes de las FARC, que, en un extenso documento habían aceptado todos los crímenes que la JEP les endilgó en el macrocaso 1, de secuestro. Ante esta nueva acusación reaccionaron negándola rotundamente: “Sería faltar a la verdad y quedar en deuda con la historia permitir que se imponga la narrativa de que las FARC fue una organización esclavista… Porque no compartimos la nueva calificación propuesta por la Procuraduría y aceptada por la Sala de Reconocimiento de la JEP, hemos decidido interponer los recursos que contempla la ley y el Acuerdo. Reiteramos nuestra voluntad de seguir aportando toda la verdad y seguir construyendo la paz que anhela el pueblo colombiano”.

Hasta ahí, todo se iba manejando según los cánones legales. Pero Rodrigo Granda, el llamado canciller de las FARC, armó una polvareda innecesaria y generó un rechazo general y en especial de sus víctimas, que sintieron vulnerada su dignidad y reforzó los argumentos de quienes consideran que las FARC no han mostrado arrepentimiento verdadero.

En medio de las celebraciones por el quinto aniversario de la firma del acuerdo, cuando salía de un evento conmemorativo en la Universidad Externado de Colombia, dijo que “si alguna de las personas que estaban en ese momento en retención decían que se sentía aburrida y quería participar en X o Y trabajo de ahí del mismo campamento, se permitía, pero no era que fuera una obligación, entonces en esto hay mucha manipulación…

¿Qué más quieren que digamos, que hagamos lo que hizo Duque de ir al Muro de las Lamentaciones a darse allá cabezazos? Nosotros estamos diciendo nuestras verdades, no es obligación aceptarla, pero tampoco nos pueden obligar a aceptar otras pretensiones”.

Eso retrotrajo inmediatamente a la memoria las declaraciones de la senadora del partido Comunes de los ex FARC, cuando dijo que los secuestrados gozaban de comodidades, que tenían “su camita, su cambuchito (habitación humilde)”. La exsecuestrada Ingrid Betancur, quien ahora aparece como posible candidata presidencial, le respondió a Granda: “Fui testigo y víctima de castigos en los cuales había que abrir chontos (huecos usados como letrinas) o hacer trincheras. Fui testigo del chantaje con la comida y los medicamentos a cambio de los cuales se ponía a los secuestrados a confeccionar pavas, gorras o cinturones para la guerrilla. No nos trataron bien, no dormíamos en buenas camas y los campos de concentración no eran campos de vacaciones”.

También el excomandante Lozada, ex FARC, criticó a Granda por “vulnerar más los derechos de las víctimas” y llamó a los miembros del partido Comunes a “que sean más prudentes en esas declaraciones”. El asunto puede tener implicaciones graves. Ya la JEP cambió la denominación del macrocaso 1 que pasó a denominarse “Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC-EP”.

El problema va más allá de un tecnicismo jurídico. Las FARC se mantienen en su negativa y la JEP ha solicitado formalmente a 18 organizaciones, centros de pensamiento y universidades, algunas internacionales, sus conceptos al respecto, pero no hay impedimento si otras organizaciones o especialistas desean rendir sus conceptos. Su respuesta será determinante: la Sala de Reconocimiento de la JEP podría decidir que, como piden los exguerrilleros en su recurso, retira la calificación jurídica de esclavitud o si, por el contrario, la reafirma.

En ese caso, la determinación de sanciones podría variar sustancialmente y pasar, de la justicia restaurativa de la JEP a otro tipo de sanciones que implicarían incluso, reclusión intramural. Pero aún no hay decisiones escritas en piedra y la calificación de los actos que se consideran esclavitud podría tener otras tipificaciones para los expertos.

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CG

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