Comprueban graves crímenes de fuerza pública

domingo, 19 de diciembre de 2021 · 11:34

Un oscuro pasado que enloda a la fuerza pública, garante, según la Constitución, de los derechos y la vida de los ciudadanos, ha emergido esta última semana gracias a investigaciones cuya imparcialidad está fuera de toda duda.

Una de ellas es la reconstrucción que hace la Comisión de la Verdad con el apoyo de Forensic architectur, con las herramientas de la técnica forense y la arquitectura, que comprueba algo que desde hace tiempo se conoce pero ahora es una verdad apuntalada científicamente: en la retoma del Palacio de Justicia, asaltado por el M19, en noviembre de 1985 el ejército desapareció y torturó.

Este informe se concentra en lo que sucedió con las personas que salieron de ahí con vida. El informe incluye videos en 3D y detalla minuto a minuto lo que pasó ese día. Muestra cómo empleados de la cafetería, estudiantes, visitantes, magistrados y guerrilleros fueron llevados a instalaciones militares, torturados, ejecutados y, en algunos casos, desaparecidos.

Los videos muestran a muchos, cuyos cadáveres aparecieron después dentro del Palacio, saliendo por su propio pie, algunos levemente heridos. En el primer video se ve cómo salen del Palacio cuatro grupos de personas:

Primero, visitantes del Palacio, que fueron torturados pero conservaron la vida; el segundo, conductores de los magistrados, fueron llevados al Cantón Norte del ejército, también sobrevivieron; del tercero, civiles clasificados como rehenes, algunos aparecieron sin vida; del último grupo, de visitantes y empleados de la cafetería, ninguno sobrevivió.

La Casa del Florero (la casa donde se considera que tuvo lugar la reyerta que dio paso al primer grito de independencia en 1810) sirvió como lugar de interrogatorios y tortura inicial. El análisis de las imágenes muestra cómo los militares se llevaron a los rehenes que luego dijeron que murieron en el operativo, así como el papel de agentes encubiertos y de las ambulancias y personal médico.

En un libro reciente, la hija del magistrado Carlos Horacio Urán prueba cómo un noticiero de televisión mostró a su padre saliendo de Palacio herido en una pierna, cojeando y luego su cadáver apareció adentro, como si hubiera muerto allí. Por otra parte, y referido a eventos más recientes, la alcaldía de Bogotá presentó un informe realizado con el respaldo de Naciones Unidas, sobre lo ocurrido en el paro del año pasado. Dice textualmente que la policía colombiana es responsable de “uno de los episodios más graves de violaciones a los derechos humanos acontecido en la historia de la capital del país”.

El informe es producto de seis meses de trabajo de un equipo interdisciplinario; más de 90 testigos entre policías, manifestantes y familiares de las víctimas, brindaron información para integrarlo.

Señala que la policía es responsable, por uso ilícito de la fuerza, de la muerte de 28 personas y heridas de 75 de ellos, ocasionadas por armas de fuego, en septiembre de 2020, cuando protestaban precisamente contra la brutalidad policial, y califica como masacre lo que ocasionaron los uniformados en algunos de los barrios más humildes de la ciudad.

El informe fue presentado por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien no pudo controlar su emoción y terminó leyendo entre llanto y pidiendo perdón por su responsabilidad como jefe del orden público de la ciudad, a pesar de que en la práctica la fuerza pública sólo recibe órdenes del ministerio de Defensa.

La actitud de la alcaldesa contrasta con la arrogancia del gobierno nacional. La vicepresidente y canciller dijo “pedimos a la ONU no hacer activismo político.”

En la misma tónica, el director de la Policía, General Jorge Luis Vargas dijo: “La Policía Nacional no ha dado la orden para que se comenta ningún delito en Colombia, la policía no ha masacrado a nadie, no hemos dado esa orden” y, en cambio, deposita toda su confianza en la fiscalía general y la procuraduría general, ambas instituciones dirigidas por personas muy cercanas al gobierno y afirma que sólo confía en las investigaciones que ellas realicen.

Por su parte el Presidente de la República le respondió al senador y candidato presidencial Gustavo Petro, exmilitante del movimiento de izquierda M19, quien repitió lo que dice el informe, esto es, que hubo una masacre perpetrada por la policía: “Quienes militaron en el terrorismo, quienes asesinaron policías, quienes secuestraron, quienes pretendieron tomarse la sede de la justicia de nuestro país y que dejaron un macabro recuerdo, no pueden venir a hablar de honor frente a quienes han obrado siempre del lado de la legalidad”.

Todos quisiéramos que ese “estar siempre del lado de la legalidad” referido a la fuerza pública fuera una realidad a la cual pudiéramos acogernos, pero la realidad es terca y saca a flote hechos que nos sobrecogen. El 10 de diciembre 21 militares comparecieron ante la Justicia Especial de Paz (JEP) y reconocieron su responsabilidad en 127 ejecuciones extrajudiciales, falsos positivos, cometidas en el Catatumbo y 120 en la costa caribe. Entre ellos estaban el brigadier general Paulino Coronado Gámez, en la época de los hechos comandante de la Brigada 30, 11 oficiales, seis suboficiales y tres soldados.

“Presento mis sentimientos de perdón por el gran dolor causado por los execrables actos cometidos (...), conllevando al deceso de seres inocentes que se presentan como combatientes, dejando profunda desolación entre sus seres queridos”, dijo el General Coronado. Imposible decir, como el presidente, que “han obrado siempre del lado de la legalidad”.

 

 

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