Cinco años de un NO criminal

Hace cinco años, por una mínima diferencia, ganó el NO a la paz en Colombia. Fue en la votación del plebiscito que debía ratificar el acuerdo firmado entre el Estado y la guerrilla de las FARC, en virtud del cual esta se desmovilizó y se comprometió a decir la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto armado reconociendo sus culpas y comprometiéndose a reparar a sus víctimas, a quienes debería pedir perdón. A cambio de eso, se someterían a un tribunal de Justicia Especial (JEP) que los castigaría con penas diferentes a la cárcel, siempre y cuando cumplieran con el compromiso de la verdad; si no satisfacían esa condición, se harían merecedores de hasta 20 años de prisión.

El plebiscito no era necesario, ya se contaba con la aprobación del máximo tribunal constitucional, pero el presidente Juan Manuel Santos, a quien se debe el logro de la firma, tal vez en un exceso de confianza por los logros que ya se palpaban en disminución de asesinatos, emboscadas, secuestros, minas antipersona, y obnubilado por las manifestaciones entusiastas a favor de la paz y el apoyo decidido de la comunidad internacional, y tal vez con algo de vanidad, decidió realizar esa ratificación, pese a las voces que desde el lado de los defensores de la paz le indicaban que no era conveniente.

La derecha, encabezada por el expresidente Álvaro Uribe y su partido -hoy también de gobierno- el Centro Democrático, apoyados por empresarios, algunas iglesias cristianas y lo más rancio de la caverna, armaron una campaña para asustar a la gente y hacerla salir a votar contra el Acuerdo de Paz, ante el temor de que si triunfaba el plebiscito se desintegrarían las familias, se acabarían las sanas costumbres y se volvería homosexuales a los niños con cartillas diseñadas con ese propósito que serían obligatorias en las escuelas.

Eran tan burdas las mentiras que aún hoy cuesta creer que calaran en el electorado; como dijo el gerente de la campaña por el NO en el Centro Democrático: “Hicimos que la gente saliera a votar emberracada (furiosa, en términos colombianos)”, con una campaña en redes sociales diseñada específicamente para cada estrato social: en la costa Caribe, con gran cantidad de venezolanos en situación precaria, amenazaron con que nos volveríamos como Venezuela; a los estratos altos y medios los indignaron diciendo que se había pactado la impunidad y que los guerrilleros se tomarían el Congreso y a los segmentos más pobres de la población les dijeron que a las FARC les darían los subsidios que deberían corresponderles a ellos. Tuvieron como fondo de la campaña una foto del presidente Juan Manuel Santos y “Timochenko” para “demostrar” que se le estaba entregando el país al comunismo y que Colombia sería otra Cuba, poniendo al país anfitrión de los diálogos de paz como el demonio que se debía rechazar.

Cuando el expresidente Uribe fue confrontado por las mentiras confesas de su gerente, lejos de repudiarlas dijo: “Hacen daño los compañeros que no cuidan las comunicaciones”.

El NO ganó por 56 mil votos en un país de 50 millones de habitantes, pero había que aceptar su triunfo y tratar de salvar el acuerdo, por lo cual el Alto Comisionado de Paz y el jefe negociador del gobierno se reunieron con el expresidente y sus colaboradores más cercanos para negociar los cambios que les llevaran a aceptarlo. De 12 exigencias que plantearon se les aceptaron diez, el Congreso aprobó el acuerdo renegociado y casi a punto de firmar la aceptación política de este nuevo pacto, el cálculo electoral ante los comicios ya próximos, los hizo retroceder y arreciar en su negativa pese a las concesiones que se les habían hecho.

El Gobierno siguiente (el actual de Iván Duque), bajo las riendas del expresidente Uribe, se inició con la promesa de acabar con el acuerdo y desarrolló un ataque que duró dos años para entorpecer su implementación y el funcionamiento de la JEP hasta cuando la Corte Constitucional le puso el tatequieto, pero esas demoras, tantas trabas al desarrollo de lo acordado generaron incertidumbre en muchos desmovilizados que desertaron sintiéndose engañados y en peligro. Sin embargo, más del 90 por ciento de los exguerrilleros sigue firme en su propósito de reinserción social.

Pero no han cesado en su intención y el Centro Democrático basa su campaña presidencial para el 2022 en el ataque a la paz, como quedó en evidencia en la convención de este partido la semana pasada. La candidata María Fernanda Cabal afirma que los falsos positivos -6 mil 402 inocentes asesinados para hacerlos pasar como bajas en combate a la guerrilla- son un invento de la izquierda y han dado en denominarse “los patriotas del NO” en alusión al plebiscito.

No es la única. Las declaraciones de los precandidatos de ese partido parecen estar en competencia para ver quién es más radical en sus ataques al acuerdo de paz.

Pero como entre quienes apoyan al gobierno en el Congreso hay quienes apoyaron el SI en le plebiscito, y la comunidad internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU y la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), apoyan el acuerdo de paz, al cual consideran como modelo de lo posible, tienen para ellos discursos que parecen apoyarlo mientras en los hechos hacen cuanto esté a su alcance por socavarlo. En los foros internacionales aparentan un proceso de paz exitoso mientras sus acciones se enfilan a combatir todo lo que se relacione con ese pacto que permitió la desmovilización de 13 mil guerrilleros y ocultan la realidad de desmovilizados y líderes sociales asesinados. Los ataques a Cuba presionándola para que entregue a los negociadores del Ejército de Liberación nacional (ELN) que se encuentran en su territorio por solicitud del gobierno colombiano, hacen parte de esa conjura. No son más que venganza por habernos hecho el favor de prestar su territorio para que se desarrollaran allí los diálogos de paz.