Derecho y política en el Tribunal Supremo
Por Jorge Gómez Barata
En la mayoría de los países, las personas acuden al abogado cuando tienen problemas, mientras en Estados Unidos muchos lo hacen para no tenerlos. Probablemente, se trate de la sociedad más judicializada del planeta en la cual ejercen alrededor de un millón y medio de juristas, los cuales laboran en un vasto sistema judicial y en miles de empresas y organizaciones.
Estos letrados, cuya actividad laboral como promedio se prolonga por más de 30 años, se diploman en más de 200 facultades de
derecho con 110 000 estudiantes. Los abogados figuran entre los profesionales mejor pagados de los Estados Unidos pero la carrera de Derecho es de las más caras. El presidente Barack Obama, graduado en Harvard, contó que terminó de pagar el crédito estudiantil cuando tenía 44 años, era Senador y padre de dos niñas.
En momentos en que se rinde homenaje a Ruth Bader Ginsburg, la jueza de la Corte Suprema recién fallecida, es pertinente recordar que en Estados Unidos las facultades de derechos y el ejercicio de la abogacía estuvieron vedadas a las mujeres hasta la segunda mitad del siglo XIX.
En 1908 la Universidad de Portia en Boston, abrió una carrera de abogadas para mujeres. Harvard no admitió estudiantes de derecho femeninas hasta 1950. A propósito, Hillary Clinton relató que fue aceptada en la Facultad de Derecho de Harvard en 1969, pero percibió que no era bienvenida. Un profesor llegó a decirle: “No necesitamos más mujeres en Harvard”.
Debido a que en Estados Unidos no existe ministerio de justicia ni una instancia rectora de la ley, en 1922 se creó una Comisión Judicial encargada de señalar las normas a los tribunales y jueces, la cual es dirigida por el presidente de la Corte Suprema y está integrada por 26 jueces en activo. Tampoco existe allí tribunal constitucional ni electoral porque se trata de asuntos para los cuales los tribunales y la Corte Suprema son competentes.
Además de la Corte Suprema y 14 tribunales de apelaciones, operan 94 cortes de distrito. Existen además salas para impuestos, veteranos, quiebras y derecho internacional. En total funcionan 167 jueces (94 federales), vitalicios, nombrados por el presidente, a los cuales suman instancias estatales y locales creadas por los gobiernos territoriales que en su radio de acción disfrutan de facultades análogas a la de sus colegas, es decir, velan por el cumplimiento de la Constitución y pueden invalidar las leyes estatales contrarias a la Constitución. La mayoría de estos jueces son elegidos por el pueblo.
En Estados Unidos anualmente se efectúan unos 100.000 juicios por causas penales y 70.000 civiles, 40.000 de ellos son demandas. La mayor parte de los juicios son realizados con jurados, lo cual conlleva a la convocatoria de unos 15 millones de personas.
Debido a su manera autoritaria de gobernar, el presidente Donald Trump figura entre los más confrontados por los jueces federales
que han paralizado varias de sus decisiones. La Corte Suprema, la cabeza del poder judicial es de los tres el más conservador de los poderes del estado en los Estados Unidos y el menos permeable a influencias externas, entre ellas, las de la opinión pública, no se involucrará en la batalla política para designar e instalar la sustituta de Ruth Bader Ginsburg, permaneciendo en su habitual zona de confort.
