La pandemia y la obtusa política migratoria de Trump

Víctor Flores Olea

El 21 de marzo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dictó una ley federal en materia de salud cerrando las fronteras a todos los migrantes buscadores de asilo sosteniendo que una grave enfermedad contagiosa llegaba del exterior. La ley ha dado lugar a violentas críticas, al interior y fuera de Estados Unidos. Y es que todo indica que esa política, además de que es contraria a leyes federales de Estados Unidos, termina revirtiéndose en contra del mismo país, ya que un aumento de la enfermedad en el mundo, con sus consecuencias económicas, incrementará tarde o temprano la presión de migrantes para entrar en Estados Unidos.

Además de que es inefectiva esa política resulta profundamente inmoral. ¿Expulsar prácticamente con exclusividad a contagiados de COVID-19, como hace ahora Estados Unidos, tiene algún soporte en valores, o es el resultado de un pragmatismo alejado de cualquier principio? El grueso de las deportaciones se concentra en destinos como Guatemala, Honduras, El Salvador, Brasil, Nicaragua, Ecuador, Haití, República Dominicana, Colombia y Jamaica. El gobierno de Guatemala, por voz de su Ministro de Salud, ha dicho recientemente que “Estados Unidos se ha convertido en el Wuhan de las Américas”. Los jóvenes no acompañados se han convertido en el primer objetivo de esta política ultraagresiva en materia de migración. Por lo demás, no debe olvidarse que Trump piensa aplicar indefinidamente estas restricciones y este estilo en materia de migración.

Desde luego, las Naciones Unidas (la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos) exigieron al gobierno de Estados Unidos detener los regresos forzados de quienes han buscado refugio a sus puertas, así como multitud de agencias no gubernamentales, por ejemplo Human Rights Watch.

Pero hay otra circunstancia que tiende a favorecer a la población mexicana que trabaja en Estados Unidos. El mismo New York Times, en su edición del 18 de mayo pasado, y a pesar de las difíciles circunstancias para todos, nos dice que las remesas que tradicionalmente envían los mexicanos inmigrantes en Estados Unidos, legales o no, han aumentado de manera extraordinaria, alrededor de un 36% respecto al año anterior, en contra de la opinión de la gran mayoría de los expertos de aquí y allá. Y es que los trabajadores mexicanos en Estados Unidos son considerados muchos de ellos, como esenciales para la economía y la sociedad estadounidense, y siguen laborando la mayoría sin interrupciones importantes. En la industria del empaquetado de carnes, por ejemplo, se estima que el 80 por ciento de los trabajadores son inmigrantes indocumentados  o refugiados, y el 22 por ciento en la industria alimentaria son inmigrantes. De acuerdo con algunas encuestas, sabemos que el 69 por ciento de los inmigrantes son responsables de mantener económicamente al menos a dos personas en sus comunidades de origen.

Diríamos que el próximo viaje a Washington del Presidente López Obrador resulta una oportunidad magnífica para expresarle una vez más a la parte americana, la importancia de esa mano de obra en Estados Unidos y la necesidad de lograr acuerdos con el jefe del ejecutivo en ese país para que se dicten medidas favorables a esa cantidad de trabajadores y para asegurarles sus ingresos. En algunos periódicos de Estados Unidos se dice, por ejemplo, que debe negociarse la inmediata regularización de inmigrantes indocumentados esenciales que actualmente mantienen a la población estadounidense alimentada y a su economía en pie. Además, por ejemplo, un programa de visas temporales de emergencia que permita que los inmigrantes coticen ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

También la ONU, a través de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, exigió al gobierno de Estados Unidos suspender los “regresos forzados” que estaba aplicando, por la multitud de riesgos para la salud tanto en el país que expulsaba como para el receptor. No se obtuvo ningún resultado. Por lo demás, un buen número de agencias no gubernamentales como Human Rights Watch, le exigió igualmente suspender esa política violatoria de los derechos humanos generales y las propias leyes de Estados Unidos. Tampoco estas instancias obtuvieron ningún resultado positivo, que en el caso de Trump parece ser lo habitual.

El pasado mes de junio estuvo lleno de tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos, debido a las exigencias de parte de la administración Trump para obligar al gobierno de Manuel López Obrador a tomar medidas que frenen la migración no regulada. En un principio, el presidente Donald Trump amenazó con subir la carga arancelaria a los productos mexicanos, pero tras más de una de semana de reuniones en Washington, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, logró un acuerdo que evitó esas alzas en los impuestos. Los acuerdos firmados entre México y Estados Unidos mantienen a miles de inmigrantes en las ciudades fronterizas esperando que sus casos sean resueltos por tribunales estadounidenses.

Por otro lado, se estableció un acuerdo entre México y Estados Unidos por el cual nuestro país se compromete, “a registrar y controlar las entradas en la frontera” así como “a desplegar a la Guardia Nacional por todo el territorio y en especial en la frontera sur”. ¿Cuál es el número de integrantes de la Guardia Nacional destinado a esta vigilancia prácticamente por cuenta de Estados Unidos?, mientras en México continúan actuando, a otro nivel, las bandas de narcotraficantes mejor organizadas? ¿O debería ser éste, en materia migratoria, otro de los puntos a negociar en la próxima visita de Andrés Manuel López Obrador a Washington?