¿Hacia dónde va el caso Lozoya?

Roberto Rock L.

Retrato Hereje

Más allá de la galería de personajes sobre los que Emilio Lozoya hará presuntas revelaciones, los cargos en su contra traerán inevitablemente un juicio sumario sobre la clase política del PRI, aun si ello no constituye el principal objetivo del gobierno de López Obrador, que tiene hoy en el Institucional un cómodo compañero de viaje.

Procesos judiciales aguardan, algunos desde el 2017, poder interrogar a Lozoya, considerado operador clave en la entrega de dinero sucio a campañas del tricolor, en particular durante el 2016, con la presunta participación del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, el hombre de mayor confianza del expresidente Enrique Peña Nieto. Se trata de investigaciones de la Fiscalía para Delitos Electorales (Fepade), que hoy encabeza José Agustín Ortiz Pinchetti, un acreditado abogado estrechamente ligado a López Obrador, tanto que tras el triunfo electoral del 2018, ya con 81 años a cuestas, declinó ser impulsado a fiscal general de la República.

Él tiene pruebas de que desde el 2012 y al menos hasta el 2016, fondos federales y estatales por cientos de millones de pesos fueron desviados para financiar campañas políticas del PRI, en tres procesos electorales diferentes. En el 2017 la Fepade, entonces a cargo de Santiago Nieto –ahora titular de la UIF– presentó la primera denuncia contra Lozoya con evidencias de que ese dinero provino de la Secretaría de Hacienda cuando al frente se hallaba Luis Videgaray, así como de Chihuahua, durante el gobierno del priísta César Duarte (2010-2016), a quien también denunció.

Los abogados de Lozoya impugnaron estas denuncias bajo el argumento de que el presunto delito ha prescrito ya, pero un juez de distrito, primero, y luego un tribunal colegiado han confirmado la pertinencia de la acusación. En venganza, Lozoya presentó denuncias contra Santiago Nieto, de lo que se valió el entonces encargado de la PGR, Alberto Elías Beltrán, para cesarlo. Luego vendría una cacería política contra el abogado queretano.

No hay que perder de vista otro operador central peñista al centro de esta historia. Se trata de Luis Vega, que tuvo bajo su control la Secretaría de Finanzas del PRI todo el sexenio anterior, con enorme margen de autonomía, durante las sucesivas dirigencias de César Camacho, Manlio Fabio Beltrones, Enrique Ochoa y René Juárez. Vega ha sido señalado de poseer empresas proveedoras de campañas del Institucional.

El 2016 será un año clave en esta trama. Beltrones fue presidente del partido apenas 10 meses (agosto 2015-junio 2016), en pleno proceso para elecciones federales intermedias y de gobernadores. Este período acumula una montaña de indicios sobre uso de fondos públicos para campañas del tricolor, dentro del llamado “Plan Zafiro”. Si desea conservar la calidad de ser el político más relevante de su generación, Beltrones deberá aclarar públicamente lo ocurrido en ese episodio, así como la implicación que tuvieron Vega y otros personajes.

Sin embargo, un singular factor parece conspirar en contra de la posibilidad de que podamos prever la hora final del PRI de Peña Nieto. El mexiquense mantiene el control sobre el Institucional, su dirigencia y su representación parlamentaria, además de haber protagonizado una aterciopelada transición tras las elecciones del 2018, lo que permitió a López Obrador comenzar virtualmente a gobernar casi seis meses antes de su asunción formal. El líder oficial priísta, Alejandro Moreno, es poco más que un torpe mandadero de Toluca.

Extrañamente las declaraciones de funcionarios públicos sobre el caso Lozoya, López Obrador incluido, bordan casi sólo sobre la compra fraudulenta de empresas como “Agronitrogenados”, el pago de voluntades para la aprobación de la Reforma Energética, y dádivas a políticos de diversos partidos.

Tal reforma obtuvo el aval de la Cámara de Diputados el 13 de diciembre del 2013, cuando el PRI contaba con 214 legisladores, bajo la conducción de Manlio Fabio Beltrones; el PAN, 113, con Luis Alberto Villarreal; el PRD, 99, con Silvano Aureoles; el PVEM, 27, con Arturo Escobar; MC, 22, con Ricardo Monreal; el PT, 11, con Alberto Anaya, y el Panal, 10, con María San Juana Cerda Franco. Ojalá Lozoya nos diga quién recibió, cuánto y cómo, en San Lázaro, en el Senado y en otros ámbitos. Habrá un morboso escándalo, pero ningún imputado, seguramente.

¿Hacia dónde va, entonces, el caso Lozoya?

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