Nueva ley en materia de delincuencia organizada
Daniel Cabeza de Vaca
En nuestro país es necesaria una política de estado que organice, administre y regule de forma clara y efectiva al combate y la persecución de la delincuencia organizada, con acciones de prevención, de castigo y de rehabilitación, así como con políticas económicas incluyentes que propicien el desarrollo y la igualdad de oportunidades. Nuestros magros resultados en los últimos años en la persecución y en el combate al crimen organizado, medidos en procesos penales iniciados y sentencias condenatorias por los delitos previstos en la LFCDO, evidencian que debe hacerse un cambio estructural al actual modelo.
La implementación de un sistema acusatorio adversarial siguiendo modelos extranjeros, la ambiciosa reforma en materia de derechos humanos del 2011, que no consideró nuestras posibilidades reales de implementarse y la importación de la figura del debido proceso, ajena a nuestra tradición jurídica, todo ello al tiempo en que padecíamos un desbordamiento de la criminalidad organizada internacional, son algunas de las causas de la permanente crisis en la que vivimos. Un principio de solución es cambiar totalmente el marco jurídico y el modelo del combate a la delincuencia organizada que ya no funcionan, sustituyéndolos por una ley y un modelo totalmente nuevos, que correspondan a nuestra realidad.
El fundamento teleológico del modelo previsto en una nueva ley sería la corresponsabilidad de garantizar a los gobernados, por parte de todos los ámbitos de gobierno, la seguridad pública y la justicia criminal, donde intervendrían de acuerdo a sus atribuciones, siempre con la coadyuvancia de la sociedad civil. Esta nueva forma de trabajar implica una gran convocatoria nacional y un verdadero compromiso social que permita la plena realización de los derechos humanos, particularmente la dignidad de la persona, el desarrollo colectivo y la seguridad en general del país.
En este sentido, la principal ventaja de una Ley General para Combatir a la Delincuencia Organizada con esas características, sería diseñar, estructurar y articular al sistema y a la política nacional de manera integral para combatir al fenómeno criminológico dinámico, peligroso y trasnacional, que supone de manera desproporcionada la delincuencia organizada contemporánea.
Esta ley general tendría al menos los siguientes atributos normativos: articularía el sistema y la política general de forma integral, holística y permanente; establecería dos tipos de competencias: las que ya corresponden a cada ámbito de gobierno con motivo de lo dispuesto por la Constitución general, las Constituciones locales y las leyes aplicables y, las que determine incorporar el Congreso de la Unión por la renuncia que en su favor y para ese objetivo llevó a cabo el poder constituyente permanente.
Este nuevo sistema de atribuciones y competencias funcionaría involucrando al mismo tiempo a la ciudadanía organizada y a la población en general, especialmente en cuestiones tan relevantes y variadas como la presentación de denuncias, el auxilio a víctimas y ofendidos y la regeneración del tejido social.
Por último, la Ley General contra la Delincuencia Organizada también podría establecer los supuestos en los cuales el crimen organizado supone un riesgo o una amenaza para las seguridades nacional e interior, de manera tal que, entre el sistema normativo nacional para combatir al crimen organizado y el de seguridad nacional e interior, exista la armonía necesaria para asegurar su exitosa instrumentación.
El régimen especial que propongo contra la delincuencia organizada en México supone un conjunto de importantes retos que deben ser superados, al menos de inicio, por el efecto ordenador que ello implica, con el propósito de hacer verdaderamente integral, eficaz y oportuno el combate contra el crimen organizado.
Urge replantear el sistema normativo aplicable a la delincuencia organizada en México, como ya se dijo debe ser integral y transversal, abarcando la prevención, la investigación y la procuración e impartición de justicia, con una profunda participación ciudadana. De no hacerlo de esa manera, estaremos condenados al dominio del crimen organizado en nuestras vidas cotidianas.
