El laberinto de la impunidad

Guillermo Fabela Quiñones

La corrupción en gran escala encontró en el modelo neoliberal un caldo de cultivo prolífico que generó riquezas jamás vistas, al crear mecanismos legales e ilegales que favorecieron una acumulación oprobiosa en los sectores de mayor poder económico. Esto se evidenció tras las pesquisas que hizo el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de un total de 22 millones de facturas, en las cuales se encontraron delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero, en operaciones contables por un total de 55 mil millones de pesos, sólo durante 2017.

El gobierno federal se había convertido en un botín para quienes ejercían cargos de alta responsabilidad, con la seguridad de contar con impunidad mientras se asumieran reglas no escritas de complicidad y silencio. De ahí la trascendencia histórica que significó el voto masivo del pueblo en los comicios del 2018: se evitó el fraude ya en marcha por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), hecho que trastocó radicalmente el plan de continuidad transexenal de la tecnocracia del PRIAN.

La investigación anunciada por el presidente López Obrador en la conferencia mañanera del lunes, es un paso irreversible que abrirá las vías para que la corrupción en gran escala se combata con más firmeza. La Procuraduría Fiscal de la Federación tiene en sus manos la información para dar seguimiento a los delitos descubiertos por las pesquisas del SAT. Como las 43 empresas “factureras” detectadas también se aprovecharon de gente que actuó confiando en la probidad de esos defraudadores, se dará un plazo de tres meses a 8 mil 202 personas implicadas de forma involuntaria para que se pongan al corriente.

El régimen está actuando con apego al Estado de derecho, tal como exigen grupos de interés como pretexto para presionar al gobierno a que los favorezca. Se está demostrando que sus reclamos y su enojo son producto de que se les están cerrando las llaves de la corrupción. Las “factureras” proliferaron, a partir de 2010, “porque se hacían investigaciones superficiales”, según el procurador fiscal, Carlos Romero Aranda. En honor a la verdad simulaban para brindar protección a delincuentes de cuello blanco.

Los hechos están demostrando que fue una estrategia siniestra crear organismos descentralizados que hacían precisamente lo contrario del motivo para el que fueron creados; obvio ejemplo de ello, la Comisión Federal de Competencia Económica, la cual se creó para frenar los monopolios y expandir una sana competencia. ¿No sucedió todo lo contrario cuando Peña Nieto le dio rango constitucional y autonomía? ¿No lo acaba de demostrar su directora Alejandra Palacios al emitir un fallo contrario a la Comisión Federal de Electricidad que favorece a empresas monopólicas privadas?

Como el régimen de la 4T, ahora sí está actuando con hechos favorables a la transformación prometida, la ultraderecha se desgarra las vestiduras y exige que el gobierno federal se limite a un rol meramente administrativo, es decir de complicidad habilidosa. Buen ejemplo el del presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova, quien ahora presume de firme defensor de la Constitución, una vez que el presidente López Obrador declaró que “como cualquier ciudadano estoy obligado a denunciar (un fraude electoral), ¿o no puedo?”.

Puntualizó que se erigirá como “guardián” de los procesos electorales, pues “todos debemos ayudar a denunciar si sabemos de un fraude”. El responsable del INE, con la Carta Magna como lanza en ristre se asumió como “el único guardián”. Aunque la realidad demuestra que el INE ha sido un hábil y eficiente guardián… de fraudes ignominiosos.

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