La vacuna y el crimen organizado

Por Alejandro Calvillo

Exige una amplia literatura basada en casos históricos que demuestra que no podemos confiar en la industria farmacéutica y que es necesario un control absoluto de la validación de las pruebas que están realizando de sus vacunas frente a la COVID-19 y sus estrategias de comercialización. El asunto es que frente a la pandemia estamos en manos de ellas y sin una certeza de que hay un control absoluto sobre los resultados de las pruebas de sus vacunas y, a la vez, una gran incertidumbre sobre información que no podemos tener por la celeridad en que se han desarrollado las mismas, como es el hecho de no tener certeza sobre el periodo de inmunidad que pueden rendir o de contraindicaciones a mediano y largo plazo. La certeza sobre el periodo de inmunidad y de posibles contraindicaciones se limita al tiempo en que las vacunas han entrado en prueba, es decir, solamente algunos meses.

A la vez, estas corporaciones en alianza con sus gobiernos, están bloqueando la posibilidad de que una vez desarrollada la vacuna o vacunas, las naciones de medianos y bajos ingresos pudieran desarrollarlas de forma genérica, como lo establece la propia Organización Mundial de Comercio (OMC). La OMC ha reconocido el derecho de las naciones a enfrentar las emergencias sanitarias prescribiendo los derechos de propiedad intelectual. Es decir, se ha reconocido que un país que enfrenta una emergencia sanitaria puede replicar un medicamento, hacer un genérico a partir de un producto con patente, aunque esta patente esté vigente. Ha trascendido que el viernes pasado que la Unión Europea y los Estados Unidos están presionando a la OMC para que no se reconozca este derecho. Las naciones ricas, donde se encuentran las casas matriz de estas corporaciones están bloqueando este derecho que se había establecido para las naciones pobres, una herramienta básica para enfrentar situaciones críticas de salud, que en esta Pandemia se vuelve una especie de crimen organizado.

La humanidad enfrenta la necesidad de que la vacuna o vacunas sean de acceso universal, un reto cuando estas vendrán de corporaciones que han mostrado una y otra vez que no tienen ética y se aprovechan de las emergencias sanitarias. Hay que conocer la naturaleza de estas empresas y su historia negra.

Un libro que recoge y expone estas prácticas es el de Marcia Angell que fue editora en jefe de The New England Journal of Medicine, “La verdad acerca de la industria farmacéutica”, que demuestra claramente como diversos medicamentos se desarrollaron en etapas avanzadas en instituciones susbsidiadas por recursos públicos, impuestos pagados por los ciudadanos, para después ser adquiridos por estas empresas para terminar su desarrollo y patentarlas. Angell expone cómo la industria pone en el mercado estos medicamentos a precios exorbitantes bajo el argumento de que deben reponer gran parte de la inversión realizada en su desarrollo, cuando realmente se hizo en instituciones públicas con recursos públicos.

Estas prácticas han sido protegidas por legislaciones especiales en las naciones de origen de estas corporaciones. Una de estas es la Bayh-Dole Act que permite a las universidades y pequeñas empresas patentar descubrimientos desarrollados a partir de recursos proporcionados por los institutos de salud de los Estados Unidos, que es el mayor donador de recursos para investigación en salud. Quienes pagan sus impuestos financian descubrimientos que deberían ser en su propio beneficio, sin embargo, se convierten en patentes que ponen los medicamentos en muy alto precio, incluso, tan alto que no pueden cubrirlos. De esta acta salieron una gran cantidad de pequeñas empresas biotecnológicas que se formaron a partir de descubrimientos patrocinados con recursos públicos. Investigadores que recibieron estos fondos en universidades, desarrollaron los nuevos medicamentos, los patentaron y fundaron sus pequeñas empresas para comercializarlos. En el desarrollo de las vacunas las corporaciones han recibido enormes recursos públicos de diversas naciones, así como recursos de instituciones filantrópicas, y ahora se alían con estos gobiernos para mantener la propiedad intelectual en medio de una pandemia que ya cobró la vida de más de un millón de personas en el mundo y está golpeando fuertemente la economía y calidad de vida de miles de millones de personas.

Las ganancias obtenidas por estas corporaciones, que buscaran el mayor beneficio de la pandemia, han estado siempre por encima de la media de las obtenidas por empresas en otras ramas. En 2001, las compañías farmacéuticas americanas en la lista de Fortune 500 obtuvieron una ganancia de 18.5 por ciento en relación a sus ventas, cuando el promedio en esa lista fue de 3.3 por ciento. Muy por encima de los propios bancos que obtuvieron una ganancia ese año de 13.5 por ciento.

Las estrategias para maximizar ganancias por parte de esta industria son diversas y una de ellas es la de prolongar el periodo de las patentes antes de que expiren y puedan desarrollarse genéricos, un hecho que lograron en el T-MEC.  Otra es la de cambiar el producto sin alterar su principio activo pero logrando otra patente, un cambio cosmético para lograr una nueva patente sobre el mismo producto. Ahora, con el apoyo de las naciones ricas, buscan que las patentes de sus vacunas, no pueda sufrir excepciones en las naciones pobres.  No importa que esas naciones pudieran replicar la vacuna, que se mueran si no pueden pagar. En cada caso estamos hablando de estrategias que dejan a personas enfermas lejos de la posibilidad de tratamientos necesarios para mantener su salud o, incluso, su vida.

La historia del AZT, también llamada zidovudine, es ilustrativa. Vendida como Retrovir fue el primer medicamento en el mercado para tratar el Sida. Producido en origen por la compañía Burroughs Wellcome fue adquirida por la compañía británica GlaxoSmithKline. La mayor parte del desarrollo de este medicamento se realizó en laboratorios universitarios con fondos gubernamentales. Fue sólo al final del su desarrollo que el medicamento salió del ámbito público para ser manufacturado y distribuido por una empresa privada que llevó el tratamiento a un costo anual de alrededor de 10 mil dólares. La empresa reclamó la necesidad de recuperar una enorme inversión a pesar de que se hicieron públicos los avances que se realizaron en instituciones académicas soportadas con recursos provenientes de los impuestos.

Brasil fue el primer país en la región en hacer uso del derecho a no reconocer una patente al enfrentar una emergencia sanitaria por el Sida. En mayo del 2007 así lo comunicó: Brasil anuncia la suspensión de la patente de un remedio contra el VIH fabricado por la multinacional Merck e importará un genérico producido por un laboratorio de la India que cuesta menos de un tercio del original. El Gobierno brasileño alegó que el alto costo del efavirenz, el remedio cuya licencia fue suspendida, amenaza la viabilidad del programa nacional de combate al sida, elogiado mundialmente y que preveía la distribución gratuita de millones de condones y de los medicamentos demandados por cerca de 200 mil enfermos.

Nos enfrentamos con una pandemia sin precedentes y estamos en manos de quienes pueden actuar en calidad de crimen organizado en alianza con los gobiernos ricos. El asunto de la vacuna no es de que llegue y se soluciona el problema, será un largo proceso y una necesidad de recurrir a ella periódicamente.

En esta nota hablamos de las farmacéuticas, habrá que hablar de la complicidad de funcionarios públicos con estas prácticas. Se mueven miles de millones de dólares con las vacunas, son el gran negocio para las farmacéuticas y hay una carrera para ganar el pastel. Y en esa carrera cuentan con la complicidad de altos cargos en los gobiernos. En México, una de estas farmacéuticas, en complicidad con funcionarios del Gobierno anterior e instituciones “filantrópicas” hicieron todo lo posible por introducir en nuestro país una vacuna contra el dengue a pesar de las advertencias de la Organización Mundial de la Salud sobre sus posibles riesgos. El Instituto Nacional de salud Pública dictaminó en contra de su entrada y no se le escucho, la Secretaría de Salud y la Cofepris de Peña Nieto fueron adelante. Gracias a que la evidencia fue suficiente para que la OMS pidiera su retiro, se detuvo su entrada a nuestro país.

Hay que tener cuidado de que esto no vuelva a pasar en el país. Las pruebas y, en breve, las vacunas frente a la pandemia se pueden convertir en materia de actos de corrupción inimaginables. Al tiempo, debemos apoyar una campaña internacional para liberar a naciones pobres de las patentes que evitaría de raíz la especulación con la vida y la muerte.