Condena por la verdad

Por Zheger Hay Harb

Los países con conflictos armados internos, generalmente, si no se zanjan con una victoria militar, los negocian en mesas de diálogo entre los insurgentes y el gobierno contra el cual se han rebelado. Así ocurrió, para sólo mencionar dos muy conocidos, en Sudáfrica entre el movimiento de Nelson Mandela y el presidente Federik de Klerk y en Irlanda entre el Sinn Fein, brazo político del IRA y los gobiernos británico e irlandés en el Acuerdo del Viernes Santo.

En Colombia, de manera semejante, se firmó un acuerdo de paz entre el Estado, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, y la guerrilla de las FARC que, entre otros compromisos, asumió el de decir la verdad sobre sus crímenes. Desde la firma del Acuerdo de Paz en diciembre de 2016 a las Farc se les ha fustigado exigiéndoles que honren su compromiso con la verdad. De no hacerlo, pueden perder su participación en el congreso, ser expulsados del proceso de paz y sufrir penas de cárcel hasta de 20 años.

La derecha no ha cejado en su afán de acabar con el proceso de paz. De hecho el primer año de gobierno del presidente Iván Duque se le fue en presentar unas “objeciones” al Acuerdo en el Congreso que afortunadamente sin éxito. Las trabas del gobierno van desde el nombramiento como Alto Comisionado de Paz y director del Centro de Memoria Histórica a personas que, contra lo que exigen sus funciones, se han dedicado a torpedear el cumplimiento de lo acordado, la no asignación de los recursos necesarios para la reincorporación de los desmovilizados y el desarrollo rural integral –entre otras muchas ausencias gubernamentales- hasta lo más grave: el asesinato de más de 250 ex combatientes que estaban cumpliendo sus compromisos.

Las FARC se han reunido desde el momento de su desmovilización con algunas de sus víctimas y les han pedido perdón. El encuentro cara a cara con ellas ha conducido a un cambio de posición de la antigua guerrilla; mirar de frente las consecuencias de actos que el calor de la guerra no permitía apreciar les ha llevado a reflexionar como lo manifestó “Timochenko” luego de
la entrevista televisada de su ex secuestrada Ingrid Betancurt con el presidente de la Comisión de la Verdad padre Francisco de Roux.

Así la FARC ha iniciado su camino hacia la verdad: ha reconocido el reclutamiento de menores; Joaquín Gómez, uno de sus más antiguos miembros reconoció que en ocasiones los menores fueron forzados a ingresar y citó el caso de una niña que trató de escapar y fue asesinada; pasaron de su eufemismo de llamar retenciones a los secuestros para aceptarlos con su nombre brutal y escueto; pidieron perdón a sus víctimas a quienes reconocieron haber tratado de manera cruel y degradante lo que los apartó de los ideales que los llevaron a alzarse en armas.

De esa manera progresiva, que no debió resultarles fácil, llegaron a aceptar 5 homicidios, entre ellos el de uno de los más conspicuos líderes conservadores, Álvaro Gómez Hurtado. Al parecer los disidentes de su organización que se apartaron del proceso de paz amenazaron con divulgar la autoría de las FARC para hacerlos parecer incumpliendo los acuerdos y su antigua aliada la ex senadora Piedad Córdoba les pidió públicamente que dijeran la verdad sobre ese caso o lo haría ella y eso precipitó el reconocimiento.

Pero ahora el gobierno y la familia del líder asesinado se niegan a aceptar la verdad de las FARC y les piden que presenten pruebas de su autoría. Carlos Antonio Lozada dice que a los autores materiales la policía los torturó, asesinó e incineró para que no pudieran ser identificados, caso conocido como masacre de Mondoñedo por el nombre del basurero a donde arrojaron
los restos; por él dos oficiales fueron condenado y ahora han sido aceptados en la JEP (Justicia Especial de Paz). Piden también que Lozada, quien reconoció que quienes lo realizaron actuaron bajo su mando y él bajo las órdenes del Secretariado de la organización sea expulsado del Senado por su crimen y que pase a las órdenes de la Fiscalía y sea expulsado de la JEP. Aquí se presenta otra contradicción: ¿si dudan de su autoría por qué entonces exigen que lo expulsen del Congreso por él? No tienen en cuenta que la JEP se creó para juzgarlos precisamente porque se sabía que habían cometido crímenes por los cuales habría que juzgarlos.

El más cercano asesor de Uribe en su presidencia dijo en 1996 que él había recibido de las FARC una especie de diario de “Tirofijo” (comandante de las FARC) en donde reconoce que ellos cometieron el homicidio y que esperan el momento oportuno para decirlo. Álvaro Leyva, conservador, amigo de Gómez e impulsor del proceso de paz, dice que desde hace años se conocía la responsabilidad de las FARC y Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno en el proceso de paz ha dicho que en La Habana se oía sobre la responsabilidad de las FARC en este homicidio.

Pero el gobierno, la derecha y la familia están casados con la teoría del crimen de Estado y no aceptarán otro responsable que el ex presidente Ernesto Samper y aprovechan la ocasión para insistir en la necesidad de acabar con la JEP porque según ellos no ha dado resultados en este caso. ¿Será que no caen en cuenta que este tribunal lleva 3 años de funcionamiento, dos de los cuales se perdieron por la insistencia del gobierno en acabar con el proceso de paz mientras la Fiscalía -la que buscan que asuma el proceso- lleva 25 años sin lograr resolverlo? Esperamos que el mismo empeño con que exigen la verdad a las FARC –que por lo demás ha empezado a transitar hacia ella lo desplieguen para exigirla a los paramilitares y sus aliados y financiadores civiles y
militares. Ante la condena cumplida en ese país muchos han empezado a regresar, otros no tenemos idea de dónde están y la verdad que pueden revelar está en peligro de quedar oculta.