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Por Israel Olguín
7 de May de 2024
3 min
Escrito por Israel Olguín
La sobrepoblación es un problema crítico que afecta a los Centros de Readaptación Social en México, destacando como una de las problemáticas más persistentes en el sistema penitenciario del país.
Esta situación resulta de múltiples factores estructurales que limitan la efectividad del sistema penitenciario y la capacidad de rehabilitación de la comunidad penitenciaria en México.
La sobrepoblación en las cárceles en México ha resultado en un hacinamiento extremo, donde los espacios diseñados para un número limitado de internos ahora albergan a muchos más.
Este exceso se traduce en una insuficiencia crónica de recursos, espacios adecuados para dormir y servicios básicos, lo que complica aún más la gestión y gobernabilidad dentro de las instituciones.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2022, existen aspectos que vulneraban los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y que obstaculizaban su acceso a una vida libre de violencia y a una calidad de vida en reclusión a partir del respeto a su dignidad.
En los 252 centros penitenciarios en México, se contaba hasta el cierre de dicho año, con 199 mil 544 personas privadas de la libertad
Aunque se han realizado esfuerzos por ampliar la infraestructura, estos no han logrado compensar la tasa acelerada de crecimiento de la población carcelaria, resultado directo de políticas que favorecen el uso excesivo de la detención preventiva y las sentencias prolongadas sin suficientes revisiones judiciales.
El hacinamiento en las cárceles no solo afecta las condiciones de vida sino que también complica la entrega de programas de rehabilitación y reinserción social.
La falta de espacio físico y la sobrecarga de los servicios limitan severamente la implementación de actividades educativas y de trabajo, esenciales para la rehabilitación efectiva.
Para abordar este problema, se requiere una estrategia integral que incluya no solo la construcción de más instalaciones, sino también la revisión de las políticas judiciales y penales.
La adopción de penas alternativas, la revisión de las medidas cautelares y la agilización de los procesos judiciales son cruciales para disminuir la presión sobre el sistema penitenciario.
Además, es fundamental establecer programas que fomenten la reinserción efectiva de los internos en la sociedad, garantizando así no solo el cumplimiento de la ley sino también la protección de los derechos humanos dentro de las prisiones.
La colaboración entre diversas instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil es vital para crear un sistema penitenciario más justo y eficiente que verdaderamente contribuya a la seguridad y la justicia en México.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2022 realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, indica que de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades penitenciarias federal, estatal y militar, en los 252 centros penitenciarios que conforman la muestra nacional se contaba hasta el cierre de dicho año, con 199 mil 544 personas privadas de la libertad.
De estas personas 186 mil 822 son hombres (93.6 por ciento) y 12 mil 722 mujeres (6.4por ciento).
De manera específica, en la población privada de libertad de los CERESOS, al momento de la supervisión se encontraban 180 mil 507 personas privadas de la libertad, de las que, 168 mil 924 son hombres (93.6 por ciento) y 11 mil 583 son mujeres (6.4 por ciento).
En cuanto a la población de los CEFERESOS, al momento de las supervisiones se contaba con un total de 18 mil 633 personas privadas de la libertad de éstas, 17 mil 506 son hombres (94.0 por ciento) y mil 127 son mujeres (6.0 por ciento).
En lo que corresponde a las Prisiones Militares al momento de las supervisiones, se indicó que se contaba con un total de 404 personas privadas de la libertad, de las cuales, 392 son hombres (97.0 por ciento) y 12 son mujeres (3.0 por ciento).
De conformidad con los datos proporcionados por los sistemas penitenciarios a nivel federal, estatal y militar en las supervisiones (199 mil 544 personas privadas de la libertad) distribuidas en los 252 centros verificados, 69 mil 204 personas pertenecen a algún grupo con necesidades específicas, y representaban el 34.7 por ciento de la población penitenciaria.
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