La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un contundente informe en el que acusa al Ejército mexicano de incurrir en graves violaciones a los derechos humanos por el asesinato de seis migrantes originarios de Egipto, El Salvador y Perú, durante un operativo en el estado de Chiapas ocurrido el pasado 1 de octubre de 2024.
De acuerdo con la investigación del organismo autónomo, elementos castrenses emplearon ilegítimamente armas de fuego contra el vehículo en el que se trasladaban las víctimas, sin haber realizado antes maniobras disuasivas o de menor letalidad.
Entre las personas fallecidas se encontraba una menor de edad, y otras nueve resultaron heridas, además de 19 sobrevivientes ilesos.
La CNDH solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) una reparación integral del daño, así como la elaboración e implementación de un Protocolo de Atención a Personas Migrantes, que evite la repetición de hechos similares.
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El suceso ocurrió el primer día de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en un contexto de fuerte presión internacional por la migración, especialmente desde el nuevo Gobierno de Estados Unidos.
Aunque Sheinbaum ha rechazado públicamente “blindar” la frontera sur con fuerzas armadas, su administración mantiene la estrategia heredada de Andrés Manuel López Obrador, que incluyó el despliegue de hasta 36 mil soldados en tareas migratorias.
La comisión también responsabilizó directamente a dos militares identificados como autores del uso excesivo de la fuerza, quienes habrían disparado sin justificación suficiente, en medio de un patrullaje dentro de una zona marcada por la disputa entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) por las rutas de tráfico humano y drogas.
El caso ha encendido nuevas alarmas sobre la militarización de la seguridad migratoria en México, y coloca presión sobre el actual gobierno federal para revisar los protocolos de actuación de las fuerzas armadas frente a poblaciones vulnerables.
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