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Por Israel Olguín
13 de Jun de 2024
2 min
Escrito por Israel Olguín
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, anunció que no existe una orden de extradición en contra del empresario argentino-mexicano Carlos Ahumada.
De acuerdo con Rodríguez Velázquez, ni la Fiscalía de la Ciudad de México ni la Fiscalía General de la República (FGR) tienen fundamentos para solicitar su extradición.
Ahumada cuenta con un amparo que impide su reaprehensión, y varios de los delitos que se le imputaron han prescrito.
Aunque Ahumada aceptó ser extraditado a México para ser juzgado por un presunto delito de fraude en el fuero común, este proceso se detuvo debido a su amparo.
“Existía una orden de reaprehensión, pero esta fue detenida debido al amparo que protege a Ahumada. Además, algunos cargos han prescrito, lo que legalmente impide la extradición. Por lo tanto, la Fiscalía de la Ciudad de México y la Fiscalía General de la República no tenían materia para pedir la extradición,” explicó Rodríguez durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional.
La funcionaria subrayó que aunque el gobierno federal tiene información general sobre el caso, los detalles específicos son manejados por la Fiscalía de la Ciudad de México y la Fiscalía General de la República.
#ConferenciaMañanera. Aclara @rosaicela_ que en el caso del empresario Carlos Ahumada “no hay materia” para solicitar su extradición a México, según la información de las fiscalías de la Ciudad de México y la @FGRMexico pic.twitter.com/diU6Xq8POF
— Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 13, 2024
“Los detalles y asuntos del litigio están a cargo de la Fiscalía de la Ciudad de México y la Fiscalía General de la República, no del Gobierno Federal,” enfatizó Rodríguez.
El caso de Carlos Ahumada ha estado en el centro de atención debido a sus implicaciones legales y políticas.
Ahumada, conocido por su implicación en varios escándalos de corrupción, ha enfrentado múltiples cargos a lo largo de los años.
Sin embargo, la combinación de amparos y la prescripción de ciertos delitos ha complicado los esfuerzos para su extradición y enjuiciamiento en México.
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