La Universidad de Harvard se encuentra en el centro de una controversia tras rechazar las demandas de la administración de Donald Trump, lo que ha llevado al congelamiento de $2.2 mil millones en subvenciones y $60 millones en contratos federales.
Las exigencias incluían la eliminación de programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), restricciones a grupos estudiantiles pro-palestinos y una mayor cooperación con autoridades migratorias.
El presidente de Harvard, Alan Garber, defendió la autonomía académica de la institución, argumentando que las imposiciones gubernamentales violan la libertad de expresión y los derechos constitucionales.
Garber enfatizó que, si bien la universidad está comprometida en combatir el antisemitismo, no aceptará condiciones que comprometan sus principios fundamentales.
Este enfrentamiento se produce en un contexto más amplio donde otras universidades, como Columbia, han enfrentado presiones similares.
Columbia aceptó algunas de las demandas para evitar la pérdida de fondos, pero Harvard ha optado por resistir, convirtiéndose en un símbolo de defensa de la libertad académica.
La decisión de la administración Trump ha generado críticas de diversos sectores, incluyendo expresidentes y asociaciones académicas, que ven en estas acciones un intento de imponer agendas políticas en instituciones educativas.
La situación plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la financiación federal y la independencia universitaria en Estados Unidos.
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