El Salvador detiene al 75% de pandilleros en ofensiva contra el crimen liderada por Bukele
Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad de El Salvador, reveló que el número total de detenciones asciende a 79 mil 184 pandilleros en los últimos dos años
En un movimiento audaz contra la delincuencia organizada, El Salvador ha capturado al 75 por ciento de los miembros de pandillas activos en el país, según anunció el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, el pasado martes.
Esta acción forma parte de la contundente "guerra" contra las pandillas declarada por el presidente Nayib Bukele, marcando un hito significativo en el esfuerzo por restaurar la paz y la seguridad en el país centroamericano.
Villatoro, en una entrevista con la cadena TCS, reveló que el número total de detenciones asciende a 79 mil184, con las autoridades en la búsqueda activa de los "remanentes" pandilleros.
"Basándonos en nuestro registro de capturas, podemos decir que hemos alcanzado aproximadamente el 75 por ciento del total registrado", explicó el ministro, señalando que aún quedan alrededor de 25 mil pandilleros por detener, algunos de los cuales podrían no estar en El Salvador.
La ofensiva de Bukele comenzó el 27 de marzo de 2022, respaldada por un régimen de excepción, tras un alarmante aumento de la violencia que resultó en 87 homicidios en un solo fin de semana.
La respuesta del gobierno, que incluyó un despliegue masivo de fuerzas militares y policiales, ha sido eficaz en desmantelar las redes criminales de las maras, conocidas por sus actividades de extorsión, sicariato y tráfico de drogas al menudeo.
Según InSight Crime, antes de la campaña, El Salvador albergaba cerca de 120 mil pandilleros, con la Mara Salvatrucha y las dos facciones de Barrio 18 siendo las más prominentes.
El impacto de estas acciones en la seguridad nacional ha sido notable. "Hemos presenciado una transformación en poco tiempo", afirmó Villatoro, reflejando el cambio positivo en el panorama de seguridad de El Salvador.
No obstante, esta estrategia no ha estado exenta de controversia. Organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por el régimen de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, y han reportado casos de torturas y muertes bajo custodia estatal.
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