ONU insta a Reino Unido a revisar plan de deportaciones a Ruanda tras aprobación de ley controversial

En una llamada urgente este martes 23 de abril, altos funcionarios de la ONU y del Consejo de Europa expresaron seria preocupación por la reciente aprobación de una legislación en el Reino Unido que autoriza la deportación de migrantes a Ruanda. 

Esta medida ha levantado alarmas sobre posibles violaciones de los derechos humanos y los tratados internacionales.

Filippo Grandi, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y Volker Turk, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, urgieron al gobierno británico a reconsiderar su estrategia frente a los flujos migratorios. 

Sugerieron que el Reino Unido debería adoptar "medidas prácticas" que respeten la cooperación internacional y las normativas internacionales sobre derechos humanos, en lugar de proceder con las expulsiones.

Michael O'Flaherty, Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa, se sumó a este llamado, destacando que la nueva ley podría socavar la independencia judicial y contravenir varios tratados internacionales que el Reino Unido ha firmado previamente. 

"El Gobierno británico debería abstenerse de transferir personas y revocar las disposiciones de esta ley que infringen la independencia de la justicia", afirmó O'Flaherty en un comunicado.

Preocupaciones legales y de seguridad

Además, O'Flaherty subrayó que, aunque el acuerdo con Ruanda incluye cláusulas para prevenir la expulsión de migrantes a sus países de origen donde podrían enfrentar peligro, el Tribunal Supremo británico ha señalado la necesidad de asegurar un control judicial independiente. 

Este control debería verificar que Ruanda se considere un destino "seguro" para los deportados, garantizando así sus derechos fundamentales.

El punto crítico de la nueva legislación, según los expertos, es que limita la capacidad de los migrantes para impugnar las decisiones ante los tribunales británicos. 

Esto les impide presentar pruebas de que Ruanda podría no cumplir con los compromisos del tratado bilateral, lo cual pone en riesgo los derechos de los refugiados reconocidos por la ONU y otros acuerdos internacionales.

Este desarrollo legislativo en el Reino Unido ha desatado un intenso debate sobre la mejor manera de manejar la migración irregular, mientras se equilibran las preocupaciones de seguridad con el respeto a los derechos humanos y las obligaciones internacionales.

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