Legisladores de Campeche exigen sancionar a funcionarios por mal uso de recursos

Los integrantes de las diversas fuerzas políticas en Campeche exigieron que a todos los servidores en funciones, o que en su caso no desempeñen algún cargo en el servicio público, deberán ser investigados con todo el rigor y de comprobarse su culpabilidad, aplicar todo el peso de la Ley, por lo que será responsabilidad de la Secretaría de Contraloría (Secont), o la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), presentar los elementos probatorios para sancionar a aquellos que usaron los recursos de forma ilegal.

El presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso local, Alejandro Gómez Cazarín, aseguró que desde el Poder Legislativo no van a solapar ningún acto de corrupción, por lo que las autoridades investigadoras tendrán que encontrar todos los elementos probatorios para que los funcionarios que estén involucrados en el mal uso de los recursos, sean sancionados con todo el peso de la ley.

Posible proceder

“El trabajo que ellos —los alcaldes— realizan, está a la vista de todos, y ahora con la entrega de los dictámenes es posible proceder si se detecta un mal uso de los recursos; nosotros no vamos a solapar a nadie sea del partido que sea, la ley es clara y se va a aplicar por igual”, respondió.

Por su parte, el representante del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que ahora será responsabilidad de la Auditoría Superior del Estado, o en su caso de la Fiscalía Anticorrupción, presentar todos los elementos probatorios que vinculen a uno o más servidores públicos con el uso indebido de los recursos, para que en caso de que este sea vinculado a proceso, pueda resarcir el daño al erario, además de ser inhabilitado para tener cargos públicos.

Al respecto, el coordinador parlamentario de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ricardo Medina Farfán, aseguró que los malos manejos no pueden continuar en servidores públicos que sean corrompidos, por lo que es obligación de las autoridades persecutoras encarnar responsabilidades que se puedan configurar, ante el daño al erario superior a los 435 millones de pesos detectados en los Ayuntamientos.

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LV