Diputada de Campeche confirma desvío por 300 mdp en el gobierno de Layda Sansores

En la revisión de la cuenta pública, del 16 de septiembre al 31 de diciembre del 2021, hay desvíos por más de 300 millones de pesos, de los cuales tan solo en la Secretaría de Obras Públicas se han detectado 175 millones de pesos, acusó la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adriana Ortiz Lanz.

Precisó en la revisión de las cuentas públicas 2021 del Gobierno del Estado, para buena fortuna de la Auditoría Superior del Estado, la dividieron del 1 de enero al 15 de septiembre y del 16 de septiembre al 31 de diciembre de ese año, en donde hay desvíos, de la nueva administración estatal por más de 300 millones de pesos.

Puntualizó que tan sólo en los tres primeros meses de la administración en la Secretaría de Obras Públicas hay observaciones de la Auditoria Superior por 175 millones de pesos “por obras ejecutadas sin tener títulos de propiedad, obras que se partieron para evitar la licitación que la ley marca y adjudicarla, supongo que algún contratista amigo, que querían beneficiar”.

Además, “obras mal ejecutadas como un camino carretero que la propia Auditoria dice, pero lo que es sorprendente es que a pesar de esa irregularidad y ese desvío, no hay un sólo fincamiento de responsabilidad para ningún servidor público”, y afirmó que “están protegidos con el manto de Morena, a ellos no los pueden tocar”.

Cuestionó que “van a aprobar la corrupción de un gobierno que dijo que no iba a ser corrupto y que su propio auditor, que es amigo, si se atrevió a ponerles observaciones, pero no se atrevió y le tembló la mano para ponerles las sanciones”.

Planteó que otra dependencia en donde detectaron irregularidades en el Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Campeche (Issstecam) tuvo un balance negativo en los últimos meses del 2021 de 88 millones de pesos.

Calificó de gravísimo al ser las prestaciones de los trabajadores estales y preguntó de donde sale un balance deficitario o que la Fundación Pablo García pague 40 mil pesos en una comida y no haya justificación, lo observe el Auditor, “a esta administración, pero no hay sanción”, insistió.

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JG