72 funcionarios de Campeche, investigados por delitos cometidos en su cargo: SESNSP
Campeche se convirtió en el segundo lugar con denuncias contra funcionarios en la Península de Yucatán, según el Informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)
Con corte al 30 de junio del 2022 han sido iniciadas 72 carpetas de investigación contra servidores públicos en Campeche, reveló el Informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), lo que representa un aumento del 227.27 por ciento de delitos cometidos por servidores públicos durante el 2021.
En el mismo documento del año anterior, en los primeros seis meses no fueron detectados delitos ligados a servidores públicos en funciones, pero en enero se denunciaron 24 casos; en febrero 12; en marzo 7; abril y mayo 9; y 11 funcionarios mantienen una carpeta de investigación abierta por incurrir en prácticas ilícitas en el ejercicio de sus funciones.
A nivel regional Quintana Roo es el estado con la mayor cantidad de carpetas de investigación iniciadas contra servidores públicos con 309 casos; en segundo lugar está Campeche con los 72 asuntos denunciados ante la Fiscalía General del Estado; y finalmente Yucatán con sólo 10 asuntos vinculados a sus servidores públicos.
México Evalúa
Por su parte la organización México Evalúa precisó que en Campeche sólo el nueve por ciento de los asuntos legales son “conocidos”, es decir, tratados por el juez en la materia, mientras que el 91 restante es acumulado con los asuntos legales que son promovidos consecuentemente, lo que ubica al avance legal campechano como el segundo más lento a nivel nacional, sólo detrás de Colima que tiene el 100 por ciento de los asuntos aún en trámite.
El licenciado en Derecho, Joaquín Esquivel Talango, explicó que los delitos cometidos por servidores públicos son sancionados y previstos por separado debido al acceso que poseen a los recursos públicos, información confidencial, así como a la responsabilidad que adquieren en el desempeño de su cargo.
“La diferencia entre el delito que comete un funcionario y un civil es distinto, por ejemplo, en el caso del uso sin permiso de un vehículo particular, si lo conduce una persona sin tu consentimiento, es considerado como abuso de confianza, pero si ese mismo acto lo realiza una persona con artículos de su trabajo en la función pública, es investigado como uso indebido de atribuciones y facultades, por el acceso que tiene a bienes y recursos del erario”, explicó.
El jurista indicó que específicamente en el caso de los servidores públicos la denuncia puede promoverse tanto en la Fiscalía General del Estado (FGE), como en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECCE), ya que ambas tienen las facultades para perseguir y sancionar los delitos cometidos por funcionarios en función o en su caso que ya no estén, como el caso de Eliseo “N”.
El primer informe de actividades que entregó la administración estatal de Layda Sansores reveló que a través de las auditorías y revisiones que realizaron los Órganos Internos de Control (OIC) de septiembre del 2021 hasta mayo del presente año, fueron presentadas 32 denuncias de carácter penal contra servidores públicos en la FGE, sin que hasta el momento haya avance en la judicialización de los expedientes.
En contraste en el mismo periodo de tiempo establecido en el informe, pero con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, han sido levantadas 83 carpetas de investigación que son ligadas a los funcionarios públicos, sin que estas especifiquen cuáles son los actos en los que han incurrido los acusados, o en su caso, a cuál de los tres niveles de Gobierno pertenecen.
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JG
