Auditoría Superior de Campeche sancionaría con denuncias a ayuntamientos por irregularidades
La Auditoría Superior de Campeche realiza los informes de la cuenta pública de 2021 en los Ayuntamientos, los cuales se esperan tener resultados en septiembre
De no solventar las observaciones de las cuentas públicas 2021, las autoridades municipales de Campeche pueden ser sancionados con multas, inhabilitación o hasta una denuncia penal, advirtió el Auditor Superior del Estado, Javier Hernández Hernández.
Precisó que en la revisión del gasto público detectaron que pagan la obra o el servicio, pero “no se sigue el procedimiento que marca la Ley de Adquisiciones” por lo que pueden ser acreedores a una responsabilidad administrativa o en su caso penal.
La Auditoría Superior del Estado hizo entrega del primer paquete de informes de la cuenta pública 2021 a la Comisión de Fiscalización del Poder Legislativo al respecto el Auditor, puntualizó que están a la espera de que la Comisión emita alguna opinión o los ayuntamientos solventen de manera definitiva las observaciones.
Explicó que técnicamente corren los plazos para solventar los informes por lo que esperan que en tiempo y forma los realicen las autoridades municipales y dijo que tienen 30 días posteriores al informe individual para responder.
Aunque consideró que “lamentablemente, se atraviesan días inhábiles, días de vacaciones”, por lo que esperen contar con las respuestas a las observaciones “antes del mes de septiembre”.
Enumeró que entre los ayuntamientos a quienes entregaron los informes están Candelaria, Calkiní, Champotón, Tenabo y Ciudad del Carmen, aunque aclaró que en el caso de la administración municipal carmelita no está completo porque además revisaron las dependencias municipales de agua, mujeres y juventud.
De las irregularidades detectadas por los auditores, puntualizó que son una serie de hechos que no cumplen con los procedimientos de la ley de contratación o adquisición de bienes.
Precisó que “en la mayoría de los municipios se ejerce el gasto, se paga, pero no se sigue el procedimiento que marca la Ley de Adquisiciones” por lo que aseguró que observan las contrataciones, “no está justificada y es motivo de una posible responsabilidad administrativa o en su caso penal”.
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CC
