Casa hogar de Ciudad del Carmen en la mira de Derechos Humanos

Al judicializarse el caso de la Casa Hogar “San Pedro Pescador” de Ciudad del Carmen por parte de la Fiscalía General del Estado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado está en la recta final para emitir una recomendación respecto al caso en el que están involucradas todas las autoridades responsables del albergue y será garante para se complete el proceso penal, luego de que a principios del mes de mayo fue vinculada a proceso con prisión preventiva M.G.L.G. “Lupita”, quien era la niñera en este sitio, señaló Ligia Nicthe-Há Rodríguez Mejía, presidenta de la Codhecam.

Explicó que sobre el caso del albergue en Ciudad del Carmen la Comisión de Derechos Humanos “no puede dar mucha información al respecto porque se tienen que guardar ciertos elementos de confidencialidad, pero estamos en la recta final para cerrar nuestra investigación y pronunciarnos al respecto, aclarando que no es en el mismo que pueda ser por parte de una fiscalía que persigue delitos y nosotros violación de los derechos humanos, la Fiscalía procede en contra de cualquier persona y la comisión en contra de autoridades y servidores públicos, en este sentido estamos haciendo las investigaciones y en breve daremos nuestro resultado”.

A más de un año, pues fue el 21 de junio de 2021 cuando los padres adoptivos de la menor, Rocío Meza Monroy y Mateo Tavera Rivera, interpusieron la denuncia ante la fiscalía por presunto abuso sexual contra “D”, de acuerdo a los hechos narrados por la menor, que cuando contaba con diez años de edad “D” fue abusada sexualmente por personas cercanas a Lupita “N”, niñera en la casa hogar; tres días después, 24 del mismo mes, se conoció públicamente a través de redes sociales.

En tanto, el pasado 5 de mayo, M.G.L.G. “Lupita” fue vinculada a proceso con prisión preventiva durante el proceso de investigación, que fue de 45 días, que concluyó el pasado 19 de junio de 2022, por el presunto delito de violación equiparada en agravio de la menor “D” de 13 años, cuando la adolescente estuvo en la Casa Hogar “San Pedro Pescador”, de acuerdo a la Carpeta Judicial CJ-112/21-2022/JC-II y la Carpeta de Investigación CI-3-2022-375, fue imputada por los delitos de violación equiparada, obstrucción a la justicia, omisión de auxilio y de cuidado, abuso sexual y pornografía.

Rodríguez Mejía apuntó que lo último que hizo la Codhecam “fue pedir un informe complementario al Juzgado para que nos informen de la situación jurídica actualizada, pues sabemos que la Fiscalía General del Estado está en la judicialización del caso para que nosotros también retroalimentemos nuestras probanzas con las que las otras autoridades han recabado en el caso; estamos actualizando la situación jurídica y una vez que se concluya viene una etapa de análisis de pruebas para la emisión de un proyecto de recomendación que elabora, y nosotros tenemos la queja en contra de las autoridades que tenían responsabilidad con esos niños”.

También dijo que este caso la Comisión de Derechos Humanos lo siguió por oficio, “nosotros no conocimos el caso a partir de una queja, sino que por ser un asunto en el que los agraviados son extremadamente vulnerables como niñas, niños y adolescentes, o en procesos en estén involucradas personas privadas de la libertad y que tienen difícil acceso para presentar una queja, se tiene la facultad de poder iniciar de oficio”.

Subrayó que en el caso del albergue “San Pedro Pescador” la comisión tomó el caso porque “se trata de personas extremadamente vulnerables, atribución acotada en casos en particular, como de una PPL o un niña o niño que es víctima de abuso que no puede interponer una queja y en el caso de los niños que no tienen familia como tal o están en familias de acogida”.

Por último, indicó que “estamos en lo último del caso y en breve daremos a conocer la recomendación y vigilar que se complete el tema penal al estar ya judicializado, y evaluar si las personas que están siendo judicializadas son las personas que de acuerdo a nuestro expediente son las que tienen responsabilidad y también puede haber otros servidores públicos involucrados”.

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JG