Profepa se confunde y clausura terreno de un campesino de Hopelchén por error
La Profepa colocó sellos de clausura en un terreno con el argumento de tala ilegal de árboles; sin embargo, el campesino demostró que no había maderas preciosas en su propiedad
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) verificó una denuncia por tala ilegal señalada por ejidatarios de la comunidad de Xcupil Cacab, donde después de colocar los sellos de clausura en el terreno indicado, personal de Profepa visitó al supuesto acusado, Argimiro Novelo Pérez; sin embargo, al entrevistarse con el campesino, este les mostró documentos para comprobar que el terreno implicado no es de uso común o ejidal, sino que se trata de tierra nacional, el cual es una sabana que colinda con el ejido de Xcupil, además demostró que no hay árboles de maderas preciosas como cedro y caoba como estaba asentado en la acusación en su contra, motivo por el cual los inspectores se retiraron, pero antes solamente pidieron disculpas y señalaron que se podía trabajar en el terreno, pero no regresaron para quitar el sello de clausura del predio.
Los hechos ocurrieron este viernes, cuando funcionarios federales acudieron al predio citado ubicado a un costado de la colonia menonita Nuevo Progreso, el cual es una amplia sabana de más de 70 hectáreas mecanizadas para sembrar y también utilizadas para la ganadería.
Se demostró que no era suelo de uso común; sin embargo, en su queja, los ejidatarios encabezados por el comisario Laureano Chablé Aké aseguraban que el terreno pertenece al ejido porque buscan despojar al Argimiro Novelo Pérez y Filiberto Novelo López, ambos posesionarios de las 70 hectáreas.
Por su parte, los afectados respondieron que “se trata de una revancha por los comuneros que buscan rentar esta área a los menonitas para cultivar soya, pues los ejidatarios no saben cómo se trabaja un mecanizado”.
Es necesario mencionar que los emisarios de la Profepa se basaron en datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) para hacer el dictamen y cruzaron datos con los documentos de Argimiro, otorgados por la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), con lo que demostró que tiene derechos de usufructúo del predio en cuestión, mientras que los ejidatarios no han podido comprobar que se trata de terrenos ejidales.
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CC
