PRI califica de error haber entregado la seguridad de Campeche a una familia

Las cifras exhiben que en el combate a la delincuencia la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana y la Dirección Municipal de Seguridad de Carmen, a cargo de Marcela Muñoz Martínez y Samantha Bravo Muñoz (madre e hija) no hay resultados satisfactorios para los ciudadanos, lo que el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la 64 Legislatura, Ricardo Medina Farfán cuestionó “si fue buena decisión que una familia controle puestos clave para la seguridad de los campechanos”.

En al combate a la corrupción, el trofeo lo tiene el exalcalde prófugo Eliseo “N”, acusado de peculado, quien en sus redes sociales, a dos meses de darse a conocer la orden de captura, continúa burlándose de Layda Sansores, ahora con el argumento de que tramitó su petición de estudios en la Unión Americana.

Nepotismo bajo crítica

Para el coordinador del PRI en seguridad no hay resultados, “por el contrario, los robos y ejecuciones van en aumento; ayer asesinaron a otro colombiano en Carmen y la autoridad nada dice”. Agregó que estos hechos comenzaron desde el cambio de Gobierno; “es una lucha de grupos del crimen organizado en Campeche”, por lo cual coincidió con las cifras expuestas por esta casa editorial de que el mes de mayo “es el más violento por mucho en la historia del Estado”.

Dijo que las encargadas de la seguridad evaden su compromiso culpando al Gobierno anterior, “la realidad las pone en su lugar, ya que el número de personas que mueren ejecutadas, semana a semana, no para y representa la ola de violencia más grave que hayamos vivido”.

Insistió en que el fiscal y la secretaria de Seguridad dieron una conferencia de prensa donde le echaron la culpa a otros, sin “reconocer que estamos en medio de grupos criminales que no han podido controlar”.

Reconoció que “Carmen es un escenario preocupante por el número de personas ejecutadas y porque la seguridad está en manos de la hija de la secretaria de Seguridad Estatal, y menos da resultados”.

“Hoy como nunca resentimos el clima de violencia, debemos preguntarnos si fue buena decisión que una familia controle puestos clave para la seguridad de los campechanos”, ya que “no hay resultados favorables”.

Estado inseguro

La Plataforma Nacional de Transparencia exhibió que 186 policías (9.95 por ciento) fueron sancionados en 2021 por cometer agresiones, detenciones infundadas, violaciones a derechos humanos, así como uso de drogas en el ejercicio de sus funciones en vez de proteger a los ciudadanos. De estos, 11 reincidieron.

De los mil 869 elementos, mil 159 están en la Policía Estatal Preventiva (PEP), 107 en la Dirección de Tránsito y Vialidad en la capital y 603 adscritos a los municipios.

Al ser Carmen donde más hechos violentos se han registrado en los últimos meses, incluido el hallazgo de una narcofosa con tres cadáveres, no se refuerza lo suficiente la seguridad.

Mayo cerró con 10 ejecuciones y con el aseguramiento de cuatro integrantes del crimen organizado -más un capo- dos eran del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y dos de Pura Gente Nueva (PGN).

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), respecto a delitos del fuero común en Campeche reportó nueve homicidios con arma de fuego en mayo del 2021; el mismo mes del 2022 hubo 10.

Incluso, el exalcalde de Carmen por el Partido Acción Nacional (PAN), Sebastián Calderón, comparó la situación como de pánico, ya que actualmente eso se vive en Michoacán, Colima, Jalisco y Tamaulipas.

El show de Eliseo “N”

Pero la cruzada contra la corrupción ha sido la bandera de Layda Sansores que en cada Martes de Jaguar hace señalamientos específicos contra el exalcalde Eliseo “N” prófugo de la justicia, en vez de enfocarse en temas como la seguridad.

En televisión dijo que el exfuncionario debía comprobar 51 millones de pesos ante la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam) por irregularidades en las cuentas públicas del Ayuntamiento de Campeche.

Tras filtrar la orden de aprehensión, por peculado y otras atribuciones, la mandataria justificó que es un seguimiento a la denuncia que interpuso la administración de Carlos Miguel Aysa González, actual embajador de México en República Dominicana y no salió de su Gobierno, incluso, instó a Eliseo “N” a que se entregue para demostrar su inocencia, pero “el perseguido”, en sus redes sociales ha dicho una y otra vez que es persecución política de Layda quien utiliza al fiscal Renato Sales para tal propósito, incluso involucró a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) entonces a cargo de Silvia Moguel, quien negó conocer el caso, por lo cual días después “renunció por motivos personales”, pero se presume fue por presión.

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JG