Desfalco en el Poder Judicial de Campeche: La Presidenta no justificó 24.4 mdp

La Auditoría Superior del Estado de Campeche detectó que el Poder Judicial de Campeche ejerció 24 millones 458 mil 345 pesos sin justificar ejercidos en tres meses
jueves, 3 de noviembre de 2022 · 08:25

En la cuenta pública 2021 del Poder Judicial de Campeche en el periodo de enero a septiembre que le correspondió como Presidente a Miguel Ángel Chuc López, entregó documentación que no solventa las irregularidades detectadas, mientras que en los tres meses de la presidencia de Leticia Lizama Centurión, hay recursos por 24 millones 458 mil 354 pesos sin documentación comprobatoria o pagos que debieron hacerse con el presupuesto del 2020, esto de acuerdo con el informe individual que realizó la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam).

El informe que concluyó el 30 de junio de 2022 y que incluye la fiscalización de ingresos locales y participaciones federales, precisa que sólo auditaron el 20.1 por ciento del presupuesto, ya que de 317 millones 955 mil 165 pesos la fiscalización fue en 63 millones 904 mil 311 pesos.

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El texto de la Asecam afirma que “los argumentos, documentos y datos de prueba aportados, una vez valorados no fueron suficientes para solventar los resultados que se informan en lo subsecuente”.

En el rubro Resultados de la Fiscalización Efectuada, se establece que conforme lo establece la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, la Auditoría Superior del Estado notificó a la Entidad Fiscalizada (Poder Judicial) los resultados finales y observaciones preliminares.

Precisa que con fecha del 15 de junio del 2022 la Entidad Fiscalizada presentó ofició número 1122/OM/2021-22 ante la Asecam, donde formuló las aclaraciones, justificaciones y entregó las pruebas que consideró pertinentes en relación con los resultados y observaciones que se formularon durante la revisión, aunque asevera que no fueron suficientes para solventar los resultados. También aclara que tienen 30 días hábiles a partir de la entrega del informe para solventar los resultados.

Además, hace una puntualización respecto al periodo de octubre a diciembre de 2021, que corresponde al nuevo periodo de administración que encabeza Leticia Lizama Centurión, del sexenio 2021-2027, donde revela que hay recursos sin comprobar por 24 millones 458 mil 354 pesos.

El monto individual más alto sin comprobar, es de 19 millones 764 mil 916 pesos por pago de obligaciones generadas en ejercicios fiscales anteriores, realizadas con recursos públicos correspondientes al ejercicio fiscal 2021, no obstante, que debió realizarlos con recursos públicos del ejercicio fiscal del 2020.

También efectuó una adjudicación por 2 millones 467 mil 018 pesos por servicio de vigilancia, sin llevar a cabo el proceso respectivo de acuerdo con lo que establece la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2021.

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De igual forma detectaron erogaciones, de nueva cuenta, por servicios de vigilancia, “sin documentación justificativa” por 1 millón 687 mil 379 pesos, pero tampoco presentaron documentación que justifique el pago de 370 mil 596 pesos por “prestación de servicios profesionales de asesoría y consultoría en tecnologías de la información y apoyo en la entrega recepción”, por lo que emite 10 pliegos de observaciones por estos cuatro rubros por recursos sin comprobar.

La Asecam también lanzó dos recomendaciones como responsabilidad administrativa sancionatoria, ya que hubo incumplimiento al no investigar de forma inmediata la responsabilidad de una falta administrativa al no presentar las declaraciones patrimoniales, y “por la falta de documentación que acredite una adecuada vigilancia de que los bienes y servicios adquiridos se hayan entregado de conformidad con sus requerimientos”.

Como recomendaciones, la Asecam sugiere que establezcan y documenten los controles necesarios que aseguren que en el registro contable de las operaciones identifiquen el proveedor del servicio, y que implanten los controles necesarios que sustenten que los reintegros cuenten con los documentos respectivos que evidencien “quién es la persona que los realiza”.

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JG