Denuncian a funcionarios de Campeche por maltrato: Contraloría
“Hemos tenido de todo, la mayoría sí son denuncias en contra de los servidores públicos, y la gente de lo que se queja es de malos tratos", expuso la contralora del estado María Eugenia Enríquez Reyes
Maltrato por parte de los servidores públicos, tanto estatales como municipales, es el principal motivo por el que los campechanos han depositado quejas en los 80 buzones que la Secretaría de la Contraloría (Secont) ha colocado en diferentes puntos de la Entidad, informó la titular de la dependencia, María Eugenia Enríquez Reyes.
En entrevista, mencionó que captan entre cuatro y cinco quejas por contenedor y que estos buzones se encuentran en diferentes dependencias de la administración pública, así como en cada uno de los Ayuntamientos, a excepción de Campeche, donde está próximo a colocarse.
“Hemos tenido de todo, la mayoría sí son denuncias en contra de los servidores públicos, y la gente de lo que se queja es de malos tratos. Esto es en todo el Estado”, y añadió que también han recibido felicitaciones para quienes realizan bien su trabajo.
La funcionaria explicó que tras vaciar los recipientes se seleccionan los documentos depositados por los ciudadanos que sean competencia de la Contraloría estatal, y las quejas correspondientes se remiten a los órganos internos municipales.
Mencionó que después de recibir la denuncia, la registran en su sistema y se inicia la investigación del caso concreto, y añadió que será de acuerdo a los resultados como se determinará la sanción, misma que puede ir desde una amonestación hasta la inhabilitación con base en varios factores, entre los que se encuentran la gravedad de la falta y si es la primera vez que comete el acto.
“La competencia en materia penal derivada de algún acto realizado por un servidor público se va a determinar durante la investigación, de entrada es recibir, comenzar a investigar si el acto se dio, cuándo se dio, cómo intervinieron, así como la calidad del servidor público, es decir, si estaba en funciones o no. Luego se hace el comparativo sobre si ese acto u omisión es contrario a alguna norma que rige su función. Analizamos reglamentos, analizamos la ley que rige la función del servidor público y a partir de ahí vemos si a la par existe la comisión probable de algún hecho que esté señalado como delito”, detalló.
Síguenos en Google News y recibe la mejor información
JG
