Temen ser amenazados para desalojar sus viviendas en derecho de vía en Candelaria

Luego de salir a la luz el caso de amenazas por la Guardia Nacional en Champotón para desalojar sus casas en derecho de vía, comerciantes están en incertidumbre, ya que surge el miedo de ser hostigados de la misma forma
miércoles, 19 de enero de 2022 · 14:17

Luego de que en la Junta Municipal de Felipe Carrillo Puerto, perteneciente al municipio de Champotón, elementos de la Guardia Nacional (GN) amedrentaron a pobladores en derecho de vía para que desalojen sus viviendas, en Candelaria existe gran incertidumbre entre los comerciantes que aún no han desocupado sus comercios que se encuentran en el derecho de vía, por lo que temen ser hostigados para desalojar sus lugares.

Aunque el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) no ha dado a conocer la situación legal de estas personas, que en su momento se ampararon jurídicamente para defender su patrimonio, durante el inicio de los trabajos del Tren Maya al menos 26 personas procedieron legalmente en contra del organismo federal.

Más de 20 inconformes

Debido a esta situación, estas 26 personas fueron dejadas hasta lo último del proceso de liberación del tramo ferroviario y a estas alturas, cuando ya se llevó a cabo el pago de indemnización en más del 96 por ciento de los ocupantes, aún restan personas que continúan con sus negocios y se niegan a salir.

Es preciso destacar que de acuerdo con algunos habitantes que se oponen al pago de indemnizaciones ya que según ellos el dinero del avalúo no corresponde al gasto que han realizado en la construcción de sus negocios, están en espera de una mejor negociación.

Los comerciantes afectados señalaron que realmente no son muchos los que están así, pero, aún hay al menos una decena de personas que rehúsan que se les pague un monto menor al costo de las edificaciones.

Estos ciudadanos, que han guardado el anonimato, dijeron estar en espera de una mejor propuesta del Gobierno Federal y por tal motivo no han desalojados sus comercios.

Aquí vale la pena destacar que en su mayoría son construcciones que ascienden a más de 700 mil pesos, cantidad muy por arriba del avaluó realizado por la dependencia federal, que hasta el momento no ha brindado información reciente sobre las condiciones en que se encuentra el proceso de indemnizaciones a quienes se niegan a abandonar sus comercios.

Lo único que se percibe en el ambiente es cierto temor y mucha incertidumbre sobre las acciones que llevará a cabo Fonatur, y se ha creado nerviosismo después de lo sucedido con la Guardia Nacional y la falta de información de las autoridades federales.

Sin embargo, los comerciantes mantienen su postura de esperar una mejor oferta por sus propiedades, al tratarse de un patrimonio que les ha costado esfuerzo.

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CC