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Por Fernando Kantún
9 de Sep de 2021
2 min
Escrito por Fernando Kantún
Un convoy conformado por elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina (Semar), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), acompañaron ayer a las 10:30 horas al notificador de la División de Distribución Penínsular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para dejar notificaciones en las más de 30 palapas que fueron clausuradas en el mes de julio por la Profepa a la altura del kilómetro 31 y 32 de la carretera Carmen Puerto Real, para que respondan a la ocupación al derecho de vía de los postes y torres que se encuentran en esa zona.
La movilización de los elementos federales causó expectación, ya que algunos ciudadanos pensaron que se lleva a cabo otra clausura de las obras, sin embargo, se constató que se trataron de notificaciones de la CFE que dejó a “los propietarios” de las palapas que invadieron el derecho día de la empresa de luz.
Tanto el personal de Profepa, Semarnat y la CFE evitaron dar información a los medios de comunicación, sobre el proceso legal que enfrentan los propietarios de los predios en cuestión, por carecer de permisos de construcción, así como del Manifi esto de Impacto Ambiental (MIA).
El documento de la notificación se encuentra firmada por Jorge Ortiz Pech, notificador habilitado de la CFE gerencia divisional de la División de Distribución Peninsular y se estipula que el día de ayer miércoles el o los notificadores retornarán a las 12:00 horas para dialogar con los propietarios o encargados o en su caso dejar de nuevo otra notificación en un lugar visible y respondan al señalamiento.
Cabe mencionar que la presidenta de la agrupación ambientalista “Eco-Carmen”, María Compaña Ceballos señaló que las autoridades federales deben investigar quien le dio permiso de posesión a las personas en esa área, porque prácticamente se encuentran a orilla de carretera e invaden el derecho de vía de los postes y torres de la CFE, además, cometieron un delito ambiental, porque a lo largo de la costa es zona de anidación de tortugas marinas.
“Las autoridades federales deben realizar las investigaciones al gobierno municipal saliente, a la dirección de Desarrollo Urbano, porque es la dependencia municipal que otorga los permisos de construcción y en el tramo señalado se lograron realizar edificaciones de casas de playa y palapas, e incluso algunos particulares vendieron lotes y eso se debe de investigar”, finalizó.
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aarl
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