Cuatro miembros del gabinete de Layda Sansores en Campeche, reprobados en honestidad

De los perfiles de honestidad con que fueron seleccionados de acuerdo con la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, por los menos los Secretarios de Desarrollo Rural, Ramón Gabriel Ochoa Peña; Contraloría, María Eugenia Enríquez Reyes; Educación, Raúl Aaron Pozos Lanz y el Fiscal General, Renato Sales Heredia tienen cuestionamientos públicos sobre su paso en los cargos desempeñados incluso con denuncias y expedientes que se archivaron o presuntamente fueron desechados en donde se les involucra en actos de corrupción e incluso de protección a narcotraficantes.

El ex priista, Ochoa Peña, que fue diputado y Presidente de la Junta de Gobierno y Administración; y en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, delegado de la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) se le imputan los delitos de tráfico de influencias, desvío de recursos públicos, fraude a instituciones bancarias, falsificación de documentos y coacción de jueces civiles.

Ante la acusación de la Fiscalía General del Estado, el 19 de febrero del 2018, el Juzgado Segundo de Distrito en Campeche le otorgó un amparo, ante el número de expediente 205/2018. Uno de los presuntos actos ilegales data de 1996, cuando su padre, Ramón Ochoa Franco, vende los predios urbanos 59 y 43 de la calle 20 en Ciudad del Carmen, al Gobierno del Estado, cuando se encontraban en un juicio mercantil con Banca Mexicana S. A de C. V. actualmente Banco Santander, en donde se presume que su hijo Ochoa Peña, logró que el Registro Público de la Propiedad quitará los embargos de dichos inmuebles.

El Fiscal

En el caso de Sales Heredia, que repite como Fiscal (antes fue Procurador en el sexenio de Fernando Ortega Bernés) de donde se le nombró Comisionado Nacional de Seguridad en la Presidencia de Enrique Peña Nieto, en el periodo 2015 a 2018, y su nombre sale a relucir, por los contratos multimillonarios que se asignaron a empresas privadas para el mantenimiento y construcción de penales federales en la presidencia del panista, Felipe Calderón Hinojosa, sin embargo, fue durante su gestión que se hicieron convenios modificatorios y de prórrogas a dichas constructoras para la edificación de los Centros de Readaptación Social (Ceresos) por la falta de transparencia y de no cumplir con el convenio firmado con anterioridad.

Los ocho contratos plurianuales se otorgaron en el 2010 por adjudicación directa a las empresas ICA, Prodemex, Arendal, Homes, Tradeco y GIA, para construir y prestar servicios en ocho centros penitenciarios, durante 22 años, hasta 2032, por un monto de 199 mil 476.6 millones de pesos, a razón de 9 mil 3 millones 418 mil pesos por año.

Contralora que ayudaba a narcos

María Eugenia Enríquez Reyes, fue ex coordinadora de Ministerios Públicos de la Procuraduría General de Justicia en Cholula, Puebla y en el 2008, la Procuraduría Genera de la República liberó una orden de aprehensión por delitos en contra de la salud en la modalidad de tráfico de cocaína y de participar en la delincuencia organizada, e incluso anduvo prófuga.

Lo anterior porque en agosto del 2008 la excoordinadora apareció entre las declaraciones de dos detenidos y de acuerdo con la revista Cambio, con base en la averiguación previa 973/2008/IZMAT/ PGJP/DIEDO-1, uno de los detenidos, Aurelio Xolo Goscón, mejor conocido como “El Congo”, tuvo por encargo acercarse a miembros de la PGJ como el hoy subprocurador de Averiguaciones Previas y Control de Procesos, Víctor Pérez Dorantes, la propia María Eugenia Enríquez y el comandante de la Policía Judicial, Jairo Baena. De acuerdo con la versión de Cambio, estuvo en calidad de prófuga ya que se desconocía su residencia tras la orden de captura. No se específica como logró que la absolvieran.

Senador expriista

Por su parte el expriista, Pozos Lanz, aunque no aparece directamente en la relación de implicados en la denuncia que hizo el ex Director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin de entregar sobornos para aprobar la reforma energética a diputados y senadores de los Partidos Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI). En dicha imputación, a la fecha solo, se encuentra detenido el también campechano, el panista Jorge Luis Lavalle Maury, que también era senador como Pozos Lanz.

El Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, que también es señalado de recibir sobornos en aquel año, se le acusa, pero no por recibir ese dinero sino por una transacción que hizo que no comprobó en su entidad. El nombre de Raúl Aarón se vincula también por la relación que tenía con los imputados, sobre todo con Lavalle Maury e incluso, con el administrador del Senado, Rafael Caraveo Opengo, ya que Lavalle Maury es quien lo promueve para dicha posición al ser la instancia cameral en donde se manejaban los recursos de la Cámara Alta.

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CG