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A partir del kilómetro 29 y hasta el 33 de la carretera Federal Carmen-Puerto Real, a la orilla de la playa donde se encuentran las torres de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se pueden observar construcciones con materiales de cemento, hasta palapas, en extensiones sonde se han destruido dunas de arena, así como las escolleras que representan la barrera de protección de la Isla en temporada de huracanes.
Desde hace seis años, la asociación ambientalista “Ecovigilantes de Ciudad del Carmen”, que representa Miguel Benítez Heredia, interpuso la denuncia correspondiente ante la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y hasta la fecha, ésta última ha inhabilitado 14 construcciones.
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Las concesiones de terrenos federales a particulares tienen tintes políticos desde la administración municipal priista de Enrique Iván González López y del panista Pablo Gutiérrez Lazarus, de este ecocidio se menciona a Martha Elva Velázquez López, exdirectora de Desarrollo Urbano en el periodo de Lazarus, quien otorgó los permisos de construcción en la zona federal y que es área de anidación de tortugas marinas; ese tiempo se había censado 79 lotes, actualmente supera más de 100.
De acuerdo con datos oficiales que salieron de la Comuna, en ese sitio el gobierno municipal tenía seis lotes como pase de calle, pero fueron otorgados a particulares; ya que el valor de los lotes ha cobrado plusvalía. Hace cinco años el lote de 20 por 15 metros tenía un costo de 40 mil pesos; actualmente los terrenos de 30 por 15 metros tienen un valor de 350 mil pesos o más.
Para el ambientalista Benítez Heredia, las concesiones y construcciones de casas de playa y palapas en la costa ubicada en los kilómetros antes mencionados se salió de control, mientras la devastación de las dunas y escolleras que fueron construidas con piedras hace 20 años aproximadamente traerá consecuencias ante la contingencia de algún fenómeno natural (huracanes) porque al meterse el mar ocasionará la erosión y derribará las construcciones que fueron hechas, así como daños a la carretera y la flora que se encuentran en las dunas costeras.
“Por ello, solicité una reunión para hoy con el alcalde Óscar Rosas González y con la directora de Desarrollo Urbano, Celina Santos Alayola, en el que se tomó en cuenta a la dirección del Área Natural Protegida (ANP) porque también tiene responsabilidad; de igual modo, que estén presentes los “promoventes” y si cometieron algún ilícito por desconocimiento de la ley que se busque la solución sin que haya conflictos a futuro y se regule el problema, sin afectar a terceros, además los diputados federales y senadores deben legislar para frenar los problemas socioambientales”, añadió.
Dijo que el daño al medio ambiente ya existe; sin embargo, se puede rescatar algo, por ello la reunión con las autoridades municipales, federales y asociaciones civiles de medio ambiente, para llegar a un acuerdo; la situación ya se encuentra grabado en un precedente y que se aplique la ley ambiental a todos los que alteran los daños ambientales, no a unos cuantos.
Expresó que no afecta en nada cumplir la ley; y que Ecovigilantes lo que solicita es; que se respete los reglamentos y leyes ambientales, si alguien cometió un ilícito a conciencia que pague.
Agregó que la lotificación de los terrenos federales dañó los ecosistemas marinos y terrestres como anidamientos a tortugas marinas, a parte no dejaron acceso a la playa para que la gente ingrese, situación que se puede regular; sin embargo, los daños que ocasionaron a la duna costera es lo principal, además de las escolleras destruyeron y que traerá consecuencias ante un mal tiempo porque al meterse el mar ocasionará la devastación de las construcciones y carretera.
“Estos conflictos socioambientales lo genera la propia autoridad federal, porque esto es como una enfermedad, si se ataca a tiempo el mal se puede controlar, pero cuando hay avance es difícil, mientras el daño ha sido alentado por la autoridad federal en complicidad con las municipales, quienes tienen la facultad para detener el problema”, aseveró.
Apuntó que la propia Semarnat ha permitido que el mal crezca y ahora cuando hay grandes inversiones en proyectos que se ven como estancias de recreación familiar proceden con la suspensión de las obras. Por lo tanto, sobre este tema ambiental deben legislar los diputados federales y senadores para frenar la depredación del litoral.
“Los promoventes deben saber que ocasionar daños ambientales, atenta contra la vida humana, pero las autoridades federales lo han permitido y el daño se ha hecho, actualmente la gente está a favor del miedo ambiente, sin embargo, no denuncian por medio a ser amenazados, pero al no hacer el señalamiento uno se vuelve cómplice del ecocidio”, finalizó.
GH
