Campeche, primer lugar nacional en crecimiento de la violencia electoral
Los delitos contra políticos crecieron en 280 por ciento en el proceso electoral 2020-2021, en comparación con el anterior de 2017-2018
Campeche ocupa el primer lugar a nivel nacional con el mayor crecimiento porcentual de la violencia durante el proceso electoral 2020-2021.
De acuerdo con el Séptimo Informe de Violencia Política en México 2021 elaborado por la Unidad de Riesgos de Etellekt Consultores, los delitos contra los políticos crecieron en 280 por ciento en el estado, lo que le valió la etiqueta roja en el Indicador de Violencia Política, la única entidad en dicha categoría.
Durante el proceso electoral realizado en 2017-2018 que fue concurrente con el federal, en el que se renovó la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, en Campeche se registraron cinco atentados contra candidatos y políticos, siendo uno de los estados con menor incidencia delictiva.
En los comicios pasados de 2020-2021, sin embargo, en el que se reemplazó la Gubernatura de Campeche, además con la Cámara de Diputados a nivel federal, la violencia alcanzó 19 ataques contra los aspirantes y políticos. Por lo que, salió del grupo de entidades con menor incidencia delictiva.
De acuerdo con el Indicador de Violencia Política por entidad federativa, Veracruz ocupa el segundo lugar a nivel nacional con el mayor crecimiento porcentual de la violencia con un aumento del 204 por ciento en el proceso electoral 2020-2021, en comparación con los comicios anteriores; sin embargo, fue el estado con más registros de delitos contra aspirantes y políticos con 152.
Le sigue Baja California con un incremento del 186 por ciento; Guanajuato con el 179 por ciento; y Yucatán con el 170 por ciento.
En contraste, la violencia se redujo en seis entidades del país, principalmente en Durango que pasó de seis delitos reportados en el proceso electoral 2017-2018 a dos en los pasados comicios 2020-2021, con lo que cayó a menos 67 por ciento.
Le sigue Coahuila con menos 58 por ciento; Sonora con menos 53 por ciento; Guerrero, con menos 27 por ciento; y Baja California Sur, Michoacán, Puebla, con menos 20 por ciento cada entidad.
Campeche salió del grupo de los estados con los más bajos registros de agresiones en el proceso electoral que compartía junto a Durango, Nayarit, Baja California Sur, Aguascalientes y Colima.
De acuerdo con Etellekt, la violencia política en el proceso electoral 2020-2021 afectó las 32 entidades y a 570 municipios del país que representan el 23 por ciento del total nacional.
Lo que equivale el 30 por ciento de las demarcaciones en comparación con los 440 municipios donde hubo actos de violencia contra políticos en el periodo 2017-2018 que significan 774 delitos.
“Uno de los datos centrales que marcarán a este proceso es que la violencia afectó mayoritariamente a políticos y candidatos opositores a los gobiernos estatales en el 75 por ciento de los casos, pero no menos importante es que el 75 por ciento de los aspirantes y candidatos a puestos municipales agredidos eran al mismo tiempo opositores a los alcaldes de los mismos municipios en donde competían”, precisa el documento.
En este último corte de información, el Indicador de Violencia Política de Etellekt registró mil 66 delitos globales en contra de las personas políticas, de las cuales 102 fueron víctimas de homicidio doloso, 36 de ellas aspirantes y candidatos a cargos de elección.
La consultoría critica la falta de investigación de los delitos registrados
“La actuación de las autoridades investigadoras no ha sido mejor, ya que las fiscalías estatales no han presentado avances en el esclarecimiento de la mayoría de los crímenes, y en la medida que el tiempo transcurre, aumenta el riesgo de que terminen en el olvido”, critica la consultora.
“Si bien la autoridad federal brindó atención a las denuncias de los candidatos, no fue afortunado la manera en el que el Ejecutivo federal optó por invadir la esfera de competencia de las autoridades locales al señalar supuestos avances en las investigaciones que sólo corresponde a las fiscalías de los estados desarrollar e informar”.
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JG
