Acusan a centros de rehabilitación de abusar de pacientes en Campeche

Aunque no existe un registro completo de los centros de rehabilitación, se tiene un reporte de al menos 13 centros o anexos de este tipo según la última relación del entonces secretario técnico del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA), Gilberto García Salazar, realizado en el 2018.

La Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic) sólo mantiene el conteo de dos establecimientos reconocidos; los únicos dos establecimientos censados oficialmente en el combate contra la adicción a las drogas en Campeche son “Nueva Vida”, así como Un Clamor en el Desierto, A.C.; todos los demás no cuentan con el empadronamiento requerido.

A pesar de esto, por lo menos en la ciudad capital existen 13 centros de rehabilitación, entre ellos “Un Sendero de Luz”, “Un Nuevo Despertar” “Grupo 24 Horas”, que operan de manera irregular, por lo que sus técnicas para la lucha contra las adicciones son desconocidas y con base en eso han existido quejas de los familiares por los maltratos que presuntamente sufren dentro de este tipo de anexos.

Tan sólo la madrugada del pasado viernes, una ciudadana pidió el apoyo de elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) luego de interponer su denuncia ante la autoridad ministerial por el presunto “levantón” de su esposo, quien tras la intervención de al menos 15 hombres armados y en dos vehículos, fue ingresado a un anexo ubicado en la colonia Esperanza de la capital campechana.

Este local no contaba con ningún tipo de razón social o logotipo y los mismos integrantes se negaron a brindar la información solicitada por la demandante, y ni siquiera a los uniformados.

Se han suscitado más casos como en el 2019, cuando el propietario de una funeraria ubicada en la capital campechana señaló la violencia a la que fue sometido su hijo, quien en ese entonces era menor de edad, al igual que a un joven de nombre Abraham “N”.

La víctima aseguró que tanto ellos como otros menores que se encontraban en el lugar tuvieron que escapar por las agresiones luego de resistir a lo largo de los días que estuvieron ingresados en “Un Nuevo Despertar”.

“Nos maltratan, apenas podemos dormir, nos pasamos toda la noche despiertos para elaborar empanadas y nos mandan a vender; y el que no acabe su venta cuando llega les propician una golpiza”, dijo el declarante.

Uno de los centros de rehabilitación más conocidos cuenta con la razón social Centro de Rehabilitación Cristiano Mixto “El Árbol de la Vida”, que es operado por uno de los líderes de colonia identificado como Salvador C., presuntamente relacionado con el narcotráfico según testimonios.

El propietario ha sido señalado por actuar con extrema violencia para recluir a los adictos a este lugar aunado a que ha sido asegurado por policías estatales en más de una ocasión, en la última intentaba resguardarse en el negocio ubicado en la colonia Mirador luego de haber protagonizados dos tiroteos en distintas colonias, el primero en la colonia ampliación Esperanza, mientras que el segundo fue en la colonia La Peña, los dos durante esa noche, por lo que fue detenido, pero dejado en libertad tras dos días.

Exigen clausura

Según el testimonio de un “padrino” en Ciudad del Carmen, los centros de rehabilitación que existen en el estado de Campeche, deben desaparecer porque en esos sitios se les da un maltrato y mala alimentación que les proporcionan a los internos a pesar del cobro de 15 mil pesos que les hacen a los familiares de cada anexado.

“Es urgente que el gobierno federal, estatal y la Secretaría de Salud (SSa) realicen las investigaciones para clausurar definitivamente esos sitios”, consideró.

“Antiguamente existían vivales que encadenaban a las gentes, esos grupos desaparecieron; sin embargo, nacen los de Cuarto y Quinto Paso, y los de Alcoholismo y Drogadicción (AD), que cobran de forma trimestral 15 mil pesos por cada anexado; adentro de esos lugares existen maltratos a internos y muchas veces los familiares de esas personas desconocen de ello”, señaló el “padrino”.

Urgió a las dependencias a imponer sanciones para que a los internos les respeten sus Derechos Humanos, ya que el alcoholismo y la drogadicción están catalogados como enfermedades mentales, por lo tanto, el alcohólico no debe ser maltratado o encerrado.

Relató que en estos, las vejaciones dañan psicológicamente a los internos con “terapias” de tres días donde los enfermos no prueban alimento, además les hablan de su pasado como adictos, lo cual agrava aún más la situación, y cobran 11 mil pesos.

Recordó lo ocurrido en el municipio de Escárcega donde un interno fue presuntamente asesinado por empleados de un establecimiento del giro debido a los maltratos recibidos; asimismo acusó complicidad y corrupción de autoridades locales.

Impunes

En la ciudad de Escárcega se cuentan con tres anexos, “El Primer Paso” ubicado en la calle 69 entre 12 y 14 de la colonia Unidad Esfuerzo y Trabajo I, el segundo en la colonia Revolución llamado “Los Ángeles” y el tercero “Aprendiendo a Vivir” en la colonia Ignacio Zaragoza, donde ocurrió el presunto homicidio de un interno de nombre Juan C.C., de 35 años y originario de Ciudad del Carmen; estas situaciones develan que estos sitios funcionan fuera de la ley.

Como se recordará, el joven fue asesinado a manos de sus compañeros por órdenes del padrino Francisco Javier “N” en el anexo “Aprendiendo a Vivir” ubicado en la calle 61 de la colonia Ignacio Zaragoza; hasta el momento ninguna autoridad judicial se ha pronunciado, ni hay detenidos.

Uno de los anexados que se fugó, refirió que sus familiares pagaron la cantidad de mil 500 pesos, cuota que cubrían cada mes y aparte le tenían que llevar la despensa, productos que nunca llegaban a manos del declarante.

“Sólo daban de comer huesos de cerdo o res y legumbres en mal estado, que les regalaban en el mercado público”, detalló, a la vez que indicó que estos alimentos les causaban males gastrointestinales y nunca los llevaban a médicos para curarlos.

Un funcionario del Centro de Salud de la localidad recalcó que estos lugares carecen de permisos de funcionamiento y que personas que acaban de dejar de beber o de drogarse son los que forman estos anexos, pero carecen de preparación y estudios para atender a estos enfermos y que sólo los utilizan para conseguir dinero “o descargar sus frustraciones”.

El presidente del Frente Mexicano por los Derechos Humanos en el municipio José Isabel Fernández Salgado, dijo que “hasta el momento no se ha recibido ninguna denuncia de los familiares del joven supuestamente muerto a golpes en el sitio”.

Cabe mencionar que al menos dos anexos, o también llamados “Casas de Ayuda Mutua” operan en el municipio de Candelaria en la total clandestinidad., sitios donde se violan los derechos humanos de los internos, además que las condiciones infrahumanas ponen en riesgo el estado físico y psicológico de los anexados.

A pesar que existen experiencias de maltratos físicos y psicológicos por parte de los llamados “padrinos” e “internos” estos son obligados a castigar a sus compañeros, por lo que hasta el momento no se sabe de ningún caso que haya sido denunciando ante Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En torno a su autorización para operar, es preciso destacar que ninguno de estos lugares cuenta con su trámite de registro ante el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones (CENADIC).

Lo anterior significa que estos dos lugares no cuentan con los requisitos y las normatividades que deberán contener los centros que necesiten el registro ante el CENADIC, principalmente el aviso de funcionamiento expedido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la entidad (COFEPRIS), el cual da cumplimiento a la obligación de notificar a la SSa del inicio de sus actividades. Aunque no se tuvo acceso a información sobre el número de internos que se encuentran en el centro de rehabilitación de alcoholismo y drogadicción “Casa de Ayuda Mutua” ubicado en la colonia Independencia, asimismo, en el centro de ayuda mutua conocido como “Una Oportunidad Más”, ubicado en la colonia San Isidro.

Se pudo determinar que al menos existen de seis a 10 internos en cada uno de estos lugares, que para poder ingresar los familiares tienen que pagar una cuota de 300 a 400 pesos por interno, por un periodo aproximado de tres meses, tiempo que está establecido para su recuperación.

Aunque existen casos de vejaciones, ninguno ha sido denunciado, tal vez por temor de los internos, pues se sabe que los “padrinos” los amenazan si hablan.

En el caso de las familias, la mayoría son de escasos recursos y no se atreven a denunciar el maltrato o en la mayoría de los casos no les creen ante la influencia de los “padrinos” que manipulan a los anexados y parientes.

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JG