Inhabilitan a funcionarios públicos de tres municipios en Campeche

En los últimos tres años, 82 servidores públicos de los municipios de Carmen, Campeche y Calkiní fueron sancionados por diversos incumplimientos en sus funciones o por actos de corrupción. Todos son o formaron parte de las administraciones 2015-2018 y 2018-2021.

Carmen registró el mayor número de procedimientos de Responsabilidad Administrativa contra sus funcionarios, con 47 casos; también es el Ayuntamiento que más inhabilitaciones reportó. Le siguen Calkiní, con 28 y Campeche, con 10.

Datos publicados en el portal de transparencia de los Órganos Internos de Control de cada municipio indican que entre las principales causas de sanción están observaciones no solventadas de la Auditoría Superior del Estado de Campeche (ASE Campeche) sobre Cuentas Públicas previas al Ejercicio Fiscal 2018, falsificación de documentos de cambio de uso de suelo, la falta de bienes muebles en las áreas, violaciones a los derechos humanos o conductas agresivas.

Destaca que en el 40 por ciento de los casos, los servidores públicos fueron inhabilitados por no presentar sus declaraciones patrimoniales. Es decir, 33 funcionarios decidieron ocultar sus bienes, todos del municipio de Carmen.

Este medio también hizo una revisión de los portales de transparencia de los 10 municipios restantes; sin embargo, no se encontró información disponible. En siete de ellos hay una publicación que anuncia que no hubo servidores públicos sancionados, mientras que en Champotón, Seybaplaya y Tenabo el apartado se encuentra vacío y no especifica si hubo o no procedimientos administrativos.

En Carmen omitieron declaración patrimonial

La inhabilitación más reciente en Carmen, impuesta el año pasado, fue para el exjuez calificador Jorge Nahin Gómez Quinto, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito. Deriva de una recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche por la imposición indebida de sanción administrativa en contra de un trabajador del área.

En 2019, el municipio registró 20 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa: 18 fueron inhabilitados y dos funcionarios recibieron amonestaciones privadas.

Los documentos de las investigaciones revelan que 17 de los 18 servidores públicos inhabilitados pertenecientes a las áreas de Catastro, Gobernación Municipal, el Instituto del Deporte de la Juventud, el Desarrollo Integral de la Familia, el Archivo Municipal y las juntas municipales de Sabancuy, Atasta y Mamantel se negaron a presentar sus declaraciones patrimoniales de conclusión. Ese año también fue inhabilitado José Salvador Gómez Hernández, exdirector de la Dirección de Desarrollo Social y Económico ante la falta de bienes muebles.

El Órgano Interno de Control también realizó dos reprimendas privadas: la primera a Jesús Zavala Priego, del Instituto Municipal de la Mujer, quien fue denunciado por no realizar sus labores y amenazar a una persona que requería del servicio que Zavala debía brindar; la persona quejosa argumentó que no era la primera vez que esto sucedía.

La segunda fue para el exencargado de Servicios Generales del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. La sanción se realizó porque al supervisar la lista de bienes, no se encontró un aire acondicionado tipo mini Split y un trineo de herradura navideño.

En 2018 fueron inhabilitados16 servidores públicos por no presentar su declaración patrimonial.

Además, se registraron dos amonestaciones privadas: una a Karla Sosa López, quien se desempeñaba como coordinadora de la Contraloría Social, por irregularidades en dos actas de entrega-recepción que estaban firmadas por ella. También se amonestó de manera privada al extesorero municipal Carlos Arturo Flores Olan, derivado de la auditoría realizada por la ASE Campeche sobre 560 mil 389 pesos de los Recursos del Fondo para la Infraestructura Social y Municipal de la Cuenta Pública 2015 que no fueron registrados al Sistema de Formato Único; por la misma causa fue inhabilitado el exjefe del departamento de contabilidad de la tesorería municipal, Armando Calderón García.

José Refugio Torres Ponce, quien se desempeñaba como coordinador de Licitaciones de Obras Públicas, fue inhabilitado luego de que en la auditoría 613 de la ASE Campeche relacionada con el uso de recursos del Fondo para la Infraestructura Social y Municipal, se constatara que el municipio adjudicó una obra mediante el proceso de invitación a cuando menos tres contratistas y debió ser adjudicada mediante licitación pública. El importe fue de 2 millones 819 mil 313 pesos, sin incluir el IVA.

También se inhabilitó a la exdirectora de comunicación social Brenda del Carmen Escarpulli Siu, porque faltaron bienes muebles en el momento en que terminó su periodo.

Campechanos involucrados en actos de corrupción

Las sanciones más recientes en este municipio fueron para el tesorero de 2015-2018, Edgar Javier Sosa Illescas, por irregularidades en el gasto de las Participaciones Federales a Municipios, de la Cuenta Pública 2016.

También fueron sancionados de manera privada la presidenta de la Junta Municipal de Hampolol; el agente municipal de Nalchí; el agente municipal de Pueblo Nuevo; el presidente de la Junta Municipal de Pich y el agente municipal de Tixmucuy.

En todos los casos antes mencionados, hubo irregularidades en el inventario de bienes muebles, en la verificación de los proveedores reflejados dentro de la relación de egresos de las comprobaciones del último trimestre de 2018 y primer trimestre de 2019.

Los registros indican que un año antes, en 2019, este municipio sancionó a Carolina Isabel Díaz Iris y Salvador Uicab Cortés, ambos eran analistas de la dirección de Obras Públicas. Se les acusó de elaboración y uso de un documento presuntamente apócrifo sobre la autorización de uso de suelo para un salón de fiestas, expedido por la Unidad Administrativa de Desarrollo y Planeación Urbana, con fecha 19 de enero de 2018. Este documento sirvió de base para la obtención de licencia de funcionamiento del salón de fiestas llamado “Bosque Royal”.

Ese año también fue castigado Israel Alberto Rosel Camas por no denunciar actos de corrupción por un desvío de 268 mil 553.59 pesos relacionados con el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. Israel era jefe de oficina en la Coordinación de Comercialización y Atención a usuarios. Pero quien sí fue inhabilitado por este delito es el exsubdirector de Comercialización y Atención a Usuarios, según consta en el acta del procedimiento de Responsabilidad Administrativa.

Funcionarios de Calkiní violaron derechos de niños

El Órgano Interno de Control del municipio Calkiní amonestó de manera privada a 28 funcionarios porque no evitaron que menores de edad ingresaran a varios eventos de corridas de toros ocurridos en 2016. Con esto, incumplieron en la emisión o adopción de medidas de protección a los derechos humanos (derecho a una vida libre de violencia) e incumplimiento a la función pública y violación a los derechos del niño.

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JG