Abogados denuncian corrupción en juzgados de Ciudad del Carmen

El litigante Miguel Cicler Pérez, miembro del Colegio de Abogados de Ciudad del Carmen, señaló situaciones de corrupción de algunos defensores de oficio adscritos a los Juzgados Penales de oralidad, entre ellos, la licenciada Arisel del Jesús Ángel Palma quien cobra el servicio, pues la encargada de esta área Martha Cet Poot carece de un control sobre los abogados a su cargo.

Mencionó que la comunidad de abogados reprueba la actividad que realiza la defensoría pública en materia penal que se encuentran adscritos a los Juzgados Penales de oralidad y los abogados postulantes no lo van a permitir que continúe esas acciones, desafortunadamente no hay un control de la encargada de la dependencia de la defensoría pública.

Indicó que los actos de corrupción, es un problema que arrastra la defensoría de oficio de tiempo atrás, por ello, es importante decirle a la ciudadanía que los defensores públicos tanto los que se encuentran en la Sala de Juicios Penales que se ubican en el Centro de Reinserción Social (Cereso), así como los de Casa de Justicia, son servidores públicos que no deben cobrar los servicios.

“La  asistencia de los defensores públicos está direccionado a personas que carecen de los recursos para el pago de un abogado particular, no es una defensoría para la gente de clase media o rica que tienen la solvencia económica”, aseguró.

Añadió que la defensoría pública del estado de Campeche tiene mala fama, porque algunos abogados que trabajan en esa dependencia que es una parte del Poder Ejecutivo, cobran por defender el caso de un ciudadano que pasa por una situación legal.

Abusos

“El gobierno estatal paga a los defensores públicos para proteger a las personas que carecen de  recursos y no tener con qué solventar el servicio de un abogado particular; sin embargo, hemos tenido casos concretos donde abogados particulares se quejan de que cuando llega un cliente que era defendido por algún defensor público señalan que les cobraron la asesoría, porque según el salario que reciben no es remunerado para solventar sus necesidades básicas”, manifestó.

Dijo que eso está mal porque los defensores de oficios tienen un salario de seis mil pesos quincenales, el cual no es óptimo, pero al fin, es un ingreso económico que tienen de manera segura, sin embargo el gobierno del estado debe destinar una partida presupuestal mayor para que los salarios de los funcionarios públicos sean mejores y evitaría la corrupción.

“En el momento en que un defensor público pide dinero a un ciudadano que pasa por un problema legal se llama corrupción, porque en las personas de bajos recursos deben recibir las asesorías gratuitas por parte de los defensores de oficios como se encuentra en la Constitución y está en el Código Nacional de Procedimientos Penales que rige a  la actual norma en el procedimiento de los asuntos penales; sin embargo, algunos defensores de oficio cobran y le restan clientes a los abogados particulares, además de dejarlos mal con los internos del Cereso, para que se queden con el asunto”, agregó.

SY