Denuncian más de 20 años de reparto ilegal de tierras en Holpechén

Tras las investigaciones realizadas por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), en el municipio de Hopelchén, surgen los nombres de Erminio Portillo Cruz, la Fundación Ali del extinto Alfonso Pereira Palomo “El Mosco” y los menonitas, que en su conjunto estiman haberse apoderado de 77 mil hectáreas de tierras ejidales y nacionales aproximadamente.

De acuerdo con la investigación, la división de ejidos es una estrategia para enajenar tierras de uso común, en donde se recurre a la figura jurídica de división de ejidos contemplada por la Ley Agraria. Consiste en la separación de una parte de los bienes de un ejido, para entregarlo a otro u otros núcleos agrarios y lo deben promover cuando menos un grupo de 20 ejidatarios.

Caso Xmabén

El ejido de Xmabén, de Hopelchén fue tomado como ejemplo en la investigación; se detalló que contaba con 36 mil 808 hectáreas y en 1999 se concretó la venta de tierras a un grupo de menonitas.

Fue en 1990 cuando un grupo de menonitas provenientes del estado de Durango llegó en busca de tierras e inició negociaciones con los ejidatarios de Xmabén para comprar cinco mil 656 hectáreas, era respaldado por 80 inversionistas menonitas quienes contactaron a un ingeniero de Durango, quien había laborado en la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA).

Este ingeniero fungió como asesor para el proceso de “compra” de la tierra ejidal y les propuso que consiguieran a 21 menonitas para registrarlos como avecindados del ejido de Xmabén para luego proceder a la división del ejido que les daría “acceso seguro” a las tierras.

Según la investigación, el 7 de septiembre de 1999, a los 21 menonitas se les reconoció como avecindados de Xmabén, un mes después, se les reconoció como ejidatarios y se les asignó en usufructo por 30 años de 5 mil 100 hectáreas del ejido a pesar de la oposición de algunos ejidatarios quienes denunciaron ante la Procuraduría Agraria el avecindamiento por ilegal, ya que los menonitas no eran vecinos de Xmabén, pero su queja no procedió.

Es así que el 28 de diciembre del 2008, se dividió legalmente el ejido de Xmabén y se creó el ejido de Nuevo Durango, conformado por 21 ejidatarios menonitas con cinco mil 656 hectáreas, es decir cada uno con 269 hectáreas.

Sigue el saqueo

El 19 de marzo del 2015, es decir hace apenas seis años, las autoridades agrarias ordenaron delimitar el predio denominado Nuevo Churuch, ubicado a un costado de los límites de la colonia menonita Chavi con una extensión de dos mil 555 hectáreas, la cual se le otorgó a Herminio Portillo Cruz.

El argumento es que eran terrenos nacionales, pese a que fungen como propietarios el ejidatario Álvaro Chan Euán de San Francisco Suctuc, quien denunció ante las diversas instancias el despojo de su predio, pero ninguna de las demandas procedió.

De este predio se han ofertado lotes a otros empresarios, entre ellos a la empresa “La Sierrita” y otras son alquiladas a grupos de menonitas de Chavi, jurisdicción de Tenabo y Hecelchakán.

Portillo Cruz, fue cobijado en San Francisco Suctuc donde buscó la confianza de los campesinos, señaló el actual comisario ejidal, Esteban Cohuo Poot, quien sostuvo que Portillo Cruz se hizo pasar como ejidatario para poseer todos los derechos.

La “Fundación Ali” del extinto Alfonso Pereira Palomo, es un conflicto vigente, con la comunidad de Hopelchén, a quienes paga por abonos de cinco mil pesos a 230 ejidatarios, por la posesión de sus tierras.

Similar situación en Bolonchén, Ticul donde los ejidatarios vendieron 73 mil hectáreas de la reserva forestal a empresarios de origen michoacano, por lo que la comunidad fue convertida en “Sociedad Mercantil Bolonchén, Ticul”, cuyas autoridades ejidales buscan recuperarlos.

Antecedentes

Las expropiaciones de tierras iniciaron en 1993 cuando el gobierno mexicano lanzó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), el cual tenía la función de dar operatividad a las disposiciones jurídicas derivadas de las reformas al Artículo 27 Constitucional y de la nueva Ley Agraria.

Después del histórico reparto agrario, el Procede fue el programa más trascendente en el campo mexicano, ya que, al regularizar la tenencia de la tierra, se estimó protección y consolidación de los derechos sociales de los campesinos mexicanos y sus familias; sin embargo, lejos de ser una opción de salvamento, es lo que en la actualidad mantiene al territorio chenero con mayor población foránea, principalmente de la comunidad menonita que reside en la zona.

Los integrantes de estos grupos procedían en su mayoría de los estados de Durango, Zacatecas, Tamaulipas y Chihuahua; sus actividades primordiales eran la siembra de diversos productos como el maíz, frijol y soya, lo cual en los últimos años ha generado descontento en la población no sólo por la invasión de sus terrenos, sino en la producción de transgénicos.

Este hecho puso en evidencia que los reglamentos internos que fueron elaborados en la mayoría de los núcleos agrarios presentan un formato estandarizado que no refleja una verdadera participación y deliberación de los sujetos agrarios en torno a las reglas de inclusión y exclusión, el manejo de los recursos del ejido o la incorporación de consideraciones relativas a las características socio-ambientales, en las que también debían participar los ejidatarios y pobladores, tanto hombres como mujeres.

En la actualidad se tiene registro de que los padrones de la mayoría de los ejidos se encuentran desactualizados en un 30-40%, de acuerdo con funcionarios de la Procuraduría Agraria; la participación y representación de las mujeres es mínima en las asambleas y órganos de representación ejidal, y en muchos ejidos cercanos a las ciudades o centros turísticos, las asambleas sólo se reúnen cuando hay un pago de por medio.

La débil gobernanza ejidal ha posibilitado la entrada de empresarios a los ejidos que, en muchos casos, han logrado llenar la vacante a integrantes del comisariado ejidal para avanzar en sus propios fines, como veremos más adelante.

Todo esto derivó que en el 2013, se presentaran cuatro demandas de despojo y tala ilegal ante presentada en la Preaudiencia Táan u xu’ulsaj k-kuxtal, del Tribunal Permanente de los Pueblos, que hasta la fecha no ha sido resuelta.

Durante dicha audiencia, los integrantes de los pueblos de Hopelchén externaron que en la zona se debe sembrar maíz, no soya, pues esto propicia que muchos apiarios desaparezcan al tener productos transgénicos en sus flores.

SY