Campeche, sin personal capacitado en materia judicial: México Evalúa
Según México Evalúa, Campeche es el penúltimo estado de los 32 que conforman la República Mexicana que maneja temas de profesionalización y selección de este personal
Además de contar con personal suficiente para atender a los usuarios, las instituciones operadoras del Sistema de Justicia Penal (SJP) deben garantizar a sus servidores públicos condiciones de certidumbre laboral y posibilidades de desarrollo profesional. De igual forma, deben contar con libertad para desempeñar sus labores dentro del marco de la ley y sin condicionantes externas a las instituciones; para ello, requieren tener la certeza de que existe un proceso claro de selección, definir criterios que garanticen que no serán sancionados o removidos de sus funciones de manera arbitraria y sin que exista un proceso definido para hacerlo.
Según el documento “Hallazgos 2020” que midió en escala del cero al 16, Campeche es el penúltimo estado de los 32 que conforman la República Mexicana que maneja temas de profesionalización y selección de este personal, incluso, detalla que el Servicio Profesional de Carrera (SPC) es deficiente.
Del puntaje calificado, donde se contempla al cero como el mínimo y el 16 como máximo, la entidad cuenta con una calificación promedio de siete, cifra que comparte con Nayarit, último en la tabla federal. La calificación de la entidad se obtiene del promedio entre cuatro servicios de profesionalización, de la cual, el personal de fiscalías y procuradurías tiene una evaluación de profesionalización de apenas 2.5; los que se dedican a las defensorías públicas tienen calificación de dos, los de poderes judiciales obtuvieron 2.5 y en el caso de asesorías a víctimas, el estudio revela que Campeche no cuenta con personal capacitado, por lo que la calificación fue de cero.
Pocos avances en desarrollo
El análisis de “Hallazgos 2020” que realizó México Evalúa coincide con los datos emitidos por el SJP que detalla a cuatro entidades con menor avance en cuanto al desarrollo y consolidación de sus Servicios Profesionales de Carrera para las instituciones del sistema de justicia penal, entre ellas destacan Yucatán, Campeche y Nayarit; en contraparte, con calificaciones de 14.5, 12.5 y 12 están Querétaro, Coahuila y San Luis Potosí, respectivamente.
Según el Gobierno Federal, “la profesionalización de los operadores es una condición indispensable para la consolidación a nivel local del SJP”, por lo que, el estudio, plantea “la necesidad de desarrollar un servicio profesional de carrera en todas las instituciones que integran el sistema de justicia, que defina reglas y procedimientos claros contemplados en leyes orgánicas, lineamientos o reglamentos internos de las instituciones”.
Esta situación es visible si se ejemplifica en el Órgano Interno de Control (OIC) encargado de velar por el cumplimiento de los trámites en las dependencias, como la Fiscalía General de la República (FGR) misma que en la entidad, según México ¿Cómo vamos?, sólo tiene a dos verificadores por cada mil funcionarios.
Hay diferentes etapas
De acuerdo con el Servicio Profesional de Carrera (SPC) conformado por cuatro etapas, destacan la primera con el ingreso que regula los procesos de reclutamiento y selección de candidatos, así como los requisitos necesarios para que los aspirantes se incorporen a la institución.
La segunda trata de la capacitación, misma que establece los modelos de profesionalización que les permitan adquirir los conocimientos básicos acerca de la dependencia donde laboran, la especialización, actualización y educación formal en el cargo desempeñado. La tercera es la evaluación del desempeño: su propósito es establecer los mecanismos de medición y valoración de la productividad, que serán a su vez los parámetros para obtener ascensos, promociones, premios y estímulos, así como garantizar la estabilidad laboral.
Y la cuarta es la separación del cargo, que se encarga de atender los casos y supuestos mediante los cuales un servidor público deja de formar parte del sistema o se suspenden temporalmente sus derechos.
De cumplir con estos requisitos, el estudio considera que la profesionalización del personal agilizaría la impartición de justicia con dirección a las buenas prácticas y con resultados favorables para la sociedad.
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JG
