Representantes sindicales en Ciudad del Carmen, en contra del outsourcing

El outsourcing lo emplean empresas al interior de otras compañías para violar el derecho de los trabajadores, como se ha visto en años anteriores con las subcontratadoras Mexdrill, Perforadora México y Marinsa, por citar algunas.

Estas empresas la mayoría de las veces carecen de razón social y evaden prestaciones, además de incumplir con el pago real de aportaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que deja en estado de indefensión a empleados y obreros.

Lo anterior fue mencionado por los representantes sindicales Mireya del Socorro Uc Quintal, secretaria general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Carmen, y José Ángel Castillo García, secretario general de la Confederación Obrera Revolucionaria (COR) del Sindicato de la Construcción en el Estado de Campeche.

Uc Quintal expresó que la propuesta del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de desaparecer el esquema del outsourcing es buena, porque ninguno de los contratistas declara salarios reales ante el IMSS, por lo que gran número de trabajadores de la Isla se encuentran bajo este sistema y se han visto afectados.

“Me tocó ver casos de empleados que estaban al servicio de Mexdrill, Mercasol Grupo Empresarial y Construdelta y cuando se fueron Mexdrill no quiso pagar a sus obreros”, ahondó.

“Fue un daño irreversible para los trabajadores porque después de estar empleados por años, las subcontratadoras desaparecieron y no se les investigó por carecer de razón social”, explicó.

Explotación

Expresó que en la Isla de Carmen estas subcontratadoras cobran sus servicios en dólares y pagan salarios en pesos, por lo que se quedan con un 70 u 80%  de ganancias.

Por ejemplo Mercasol tenía a sus trabajadores registrados en el IMSS con 78 pesos (desde el 2010). Otra cuestión es que por accidente de trabajo a los obreros les dan una miseria y aunque el salario se les incremente año con año, de todos modos es una miseria, estableció.

Toda esta corrupción hace que el Seguro Social esté quebrado sencillamente porque a los trabajadores los tienen dado de alta con un salario mínimo cuando el salario deber ser de 800 pesos diarios; por ello es necesario que se regule el outsourcing,  para que desaparezca ese esquema de intermediarios y se cumpla con las aportaciones reales salariales a los trabajadores ante el IMSS; de este modo el trabajador tendrá una pensión justa.

Ocurre que los trabajadores no se dan cuenta de que la empresa paga una cuota obrero-patronal por debajo de la que debe reportar al IMSS. El trabajador nunca averigua con qué salario lo tienen dado de alta hasta que sufre un accidente laboral, detalló Uc Quintal.

Perjudicial

Por su parte, Castillo García  indicó que el outsourcing es una “lacra nacional que perjudica a la clase trabajadora”, pues las empresas que se dedican a la actividad fueron creadas para evadir al fisco, al IMSS, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), así como para manipular Afores, vacaciones, aguinaldos, entre otras prestaciones; por ello, todas las centrales obreras están a favor de que desaparezca este modelo.

Indicó que la COR pide la eliminación del outsourcing  porque las empresas contratadas por Petróleos Mexicanos (Pemex) firman convenios con empresas dedicadas a la contratación de obreros, que pagan un menor salario y que administran o son titulares de los contratos de trabajo que firman los obreros, por lo cual no son formalmente trabajadores de la petrolera.

“Por ello los salarios que pagan a quienes suben a las plataformas son bajos; si un soldador especialista gana 30 mil pesos por 14 días, por medio del outsourcing obtiene 22 mil, o tal vez menos”, aseguró.

Abuso

Manifestó que cuando vino la debacle económica en la Isla, por la recesión petrolera, hace seis años, las empresas que subcontrataban a trabajadores pagaban lo que querían; corrían a los obreros sin darles liquidación.

Eso sucedió igual con la pandemia de COVID-19; varios trabajadores perdieron su empleo sin recibir lo que por derecho les corresponde.

Por Fernando Kantún