Amado Yáñez, obligado a pagarle a Petróleos Mexicanos

Derivado de un amparo ganado a favor de la Petróleos Mexicanos desde el 2016, el polémico empresario Amado Yáñez Osuna, a través de Oceanografía S.A., está obligado a pagar a Pemex Exploración y Producción (PEP) la cantidad de 400 millones 36 mil 788 pesos, resultado de al menos 14 contratos históricos que ostentó la empresa en los cuales se había omitido sistemáticamente considerar saldos, ajustes de remuneración, material faltante, recargos y amonestaciones, entre otros efectos, que dejan un saldo financiero a favor de la Nación, dentro del desarrollo del juicio mercantil 265/2014.

Yáñez Osuna se había negado tajantemente a cumplir con las disposiciones del fallo federal al amparo con número de expediente 696/2014, e incluso argumentaba que era PEMEX el que le debía a Oceanografía S.A. (OSA) más de 3.5 miles de millones de pesos (mmdp).

Sin embargo, según los acuerdos publicados en estrados electrónicos del Juzgado Tercero en Materia Civil de la Ciudad de México, el pasado 26 de noviembre el recién nombrado juez Froylán de la Cruz Martínez determinó que se debe dar cumplimiento a la sentencia constitucional dictada en el juicio de amparo 696/2014 a favor de PEP.

Ello sería considerado un contratiempo para Yáñez Osuna, quien desde el pasado 25 de septiembre celebraba la culminación del juicio mercantil y la declaratoria de Oceanografía de estar fuera de quiebra, con el acuerdo con carácter de sentencia que le daba el triunfo.

No obstante, pese a que Oceanografía argumentó que no cuenta con garantías ni mucho menos con capacidad financiera para entrar en operación, poniendo incluso naves resguardadas en diversos puertos del país como garantía de su liquidez, su apoderado legal Jorge Betancourt Méndez, en conjunto con el síndico, declaró al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil no contar con fondos para cubrir su adeudo con Pemex Exploración y Producción.

Manifestó que los únicos activos con los que cuenta la empresa para hacer frente a su obligación para el cumplimiento de la sentencia de amparo 696/2014, son precisamente las “cuentas por cobrar” a cargo de Petróleos Mexicanos. Es decir, la compensación de los más de 3.5 mmdp por parte de la Nación, para que entonces puedan saldar, con lo que reste, al propio PEMEX.

En respuesta, el apoderado legal de PEP, el abogado Sergio Nettel López, replicó que será a través de las áreas de Finanzas y Tesorería, informen qué cantidades líquidas, sin considerar el IVA, tiene a favor o a pagar a la comerciante, para que de las mismas se hagan las deducción correspondientes hasta llegar al monto necesario para cobrar su propia deuda. Si es que estas existieran.

Aunque, a decir de una fuente especializada en el caso, esto sólo es una trampa para PEMEX, ya que Oceanografía pretende compensar cantidades de estimaciones que nunca pudo comprobar por todo el soporte que tiene que presentar como respaldo, ya que cada trabajo que PEMEX solicita a cualquier compañía, éstas tienen que ejecutarlo y posteriormente presentar toda la documentación, reportes, trazabilidades, pruebas, inspecciones, entre otros, para poder cobrar la obra ejecutada.

Oceanografía sólo pretende conciliar montos ejecutados sin presentar la documentación, ya que por años NO ha podido cobrar ese dinero a PEMEX por la falta de información y los despidos de las personas que llevaban ciertos contratos.

Lo cierto es que a raíz de este acuerdo ha quedado reconocido el adeudo de 400 millones 36 mil 788 pesos que OSA tiene con Petróleos Mexicanos, mientras que sus reclamos aún dependerán de la veracidad de su comprobación por los servicios brindados desde antes del concurso mercantil del 2014 y también posteriormente, bajo el control del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

No tiene para pagar

Cabe destacar que de acuerdo con una fuente obrera del mismo OSA, se trata de la misma artimaña legal con la que han jugado desde hace años, pues pese a que para lograr la sentencia del pasado 25 de septiembre Oceanografía argumentó contar con capacidad financiera para volver a operar, poniendo incluso en garantías varios barcos en el último convenio con carácter de sentencia que dio por terminado el concurso mercantil y se declaró fuera de quiebra, OSA puso de garantía a las embarcaciones “Caballo Azteca”, “Caballo Grande”, “Caballo Lipizano”, “Caballo Fuerte”, “Caballo Bucéfalo” y la barcaza DLB 801; varias de estas en francas labores de desguace ilegal, como es el caso del “Azteca”, encallado frente a Seybaplaya.

Advierten obreros que esto es parte del fraude concursal de Yáñez Osuna, pues además del “Azteca”, los barcos “Caballo Fuerte”, “Caballo Bucéfalo”, “Caballo Lipizano” y “Caballo Grande” se encuentran atracados desde el 2011 en el Puerto de Veracruz, en los muelles de Talleres Navales del Golfo (TNG), donde trascendió en medios locales de aquella Entidad que se ha buscado desguazarlos para desaparecerlos, pese que fueron asentados ante el Juzgado Tercero de Distrito como la garantía de liquidez financiera para volver a operar.

Es claro el fraude cometido a los acreedores, ya que Oceanografía literalmente expresa que no cuentan con liquidez financiera para pagar ningún adeudo.

Lo que resulta evidente es que Oceanografía apuesta su futura viabilidad en la presunta deuda de PEMEX con ellos, pues señalan que estos son sus únicos activos con los que cuenta. Una completa mentira, señaló la fuente consultada, debido a que la misma empresa presumió contar con barcos que eran su garantía de solvencia.

Sacan a Consuelo Soto

Así mismo, vale la pena mencionar que dentro del desarrollo del concurso mercantil de Oceanografía, desde el pasado mes de septiembre trascendió la salida del polémico juez Felipe Consuelo Soto, del caso que llevaba personalmente desde el 2014.

En reiteradas ocasiones el juez Consuelo Soto fue señalado por intervenir en el caso, favoreciendo en todo momento a la empresa, en detrimento de la lucha de los trabajadores; el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) habría hecho el enroque debido a las múltiples denuncias y quejas en contra del togado, por lo que fue enviado a un distrito menor en el Estado de Chiapas.

En su lugar quedó el juez Froylán de la Cruz Martínez, quien está llevando el caso desde hace al menos un mes, pese a no estar empapado de este polémico juicio mercantil abierto desde el 2014. Trabajadores señalan que sigue sin verse clara la justicia, pues presumen los nexos de Froylán de la Cruz con Felipe Consuelo Soto, juzgador que tanto entorpeció el desarrollo del caso.

(Texto: Redacción / POR ESTO! / Fotos: POR ESTO! / Especial)