Ahora, absuelto por la Suprema Corte, en una insólita resolución, da la cara y ofrece una conferencia de prensa / Sus abogados iniciarán acciones legales para resarcir el daño que le fue causado con su encarcelamiento / Culpan del largo proceso a la ineficiencia de la Fiscalía / El ex presidente del Colegio de Psiquiatría nunca rebatió las acusaciones en su contra, sino que fue exonerado por “Duda Razonable” e “Insuficiencia Probatoria”
Reaparecer el ex presidente del Colegio de Psiquiatría de Yucatán, Enrique Lara González, tras ser absuelto por la Suprema Corte, en una insólita resolución.
Lara González, quien fue acusado del brutal asesinato de su colega, el Dr. Felipe de Jesús Triay Peniche, junto con el también Psiquiatra Pablo Santos García Gutiérrez, en rueda de prensa afirmó que se confirmó su inocencia y que sus abogados iniciarán acciones legales para resarcir el daño que le fue causado con su encarcelamiento y largo proceso penal.
Ayer al mediodía se convocó a los medios a una entrevista con el Psiquiatra en el despacho de la Licenciada Patricia Castro González, ubicado en la calle 21 número 102-F por 20 de la colonia Yucatán, a espaldas de la cancha de básquetbol.
Se expuso que en los tribunales se logró demostrar su inocencia y ahora lo que busca es limpiar su nombre, estando preso falleció su madre Rosita, su familia ha sido víctima de la mala administración de la justicia, sin embargo, resaltó su abogada Patricia Castro que el Dr. Enrique Lara no está libre por la ineficiencia de la Fiscalía, que hizo mal su trabajo, sino por “Duda Razonable” e “Insuficiencia Probatoria”.
Cabe señalar que para la fecha en la que se registró el brutal asesinato de Triay Peniche, la FGE estaba al mando de Celia Rivas.
Su otro abogado, José Luis Ibarra Flores, destacó que la Fiscalía actuó muy mal en ese momento, hay una persona que fue víctima de un crimen y se exige justicia, pero no se debe inventar asesinos, sino buscar a los verdaderos responsables, a lo largo del proceso se demostró que su representado no fue el responsable a pesar de las resoluciones en su contra, por lo que adelantó que se iniciarán acciones legales para resarcir el daño moral que le fue causado.
El Psiquiatra, en un juicio oral celebrado en el Tribunal Segundo del Poder Judicial, los jueces Veronica de Jesús Burgos Pérez, María del Socorro Tamayo Aranda y Sergio Marfil Gómez le concedieron la libertad por “Duda Razonable” y a su coimputado, Pablo Santos, lo encontraron penalmente responsable del delito de homicidio calificado y lo condenaron a 35 años de prisión y al pago de unos 35 millones de pesos por concepto de reparación del daño moral causado a la familia de la víctima.
En esa fecha Lara González abandonó la prisión, pero la familia del Dr. Triay Peniche, a través de sus asesores y la Fiscalía se inconformaron a esa resolución y el caso se turnó al Tribunal Superior de Justicia, donde los magistrados revocaron esa decisión de primera instancia y encontraron al Psiquiatra penalmente responsable del sangriento crimen, a cuya víctima dieron muerte con brutal ferocidad, toda vez que la descuartizaron y luego sus partes fueron metidas en cajas para ser depositadas dentro de su propia camioneta, abandonada en el estacionamiento de un centro comercial de Ciudad Caucel.
Al conocerse lo resolución de los magistrados, temiendo ser encarcelado de nueva cuenta, Lara González se hizo “ojo de hormiga” y prácticamente se esfumó del mapa.
Los abogados de Lara González presentaron un amparo directo, donde los magistrados del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, entre ellos el Licenciado Jorge Enrique Edén Winter García, como ponente, resolvieron conceder el amparo y protección de la justicia federal por insuficiencia probatoria.
En el juicio oral se emitió en favor de Lara González un fallo absolutorio por “Duda Razonable” y en el Tribunal Colegiado por “Insuficiencia Probatoria” a lo largo de los procedimientos, nunca declaró y tampoco rebatió el dicho de su colega Pablo Santos García Gutiérrez, quien manifestó ante la autoridad que recibió la cantidad de 60 mil pesos para darle muerte a Triay Peniche, en este sentido su defensor señaló ayer que ese detenido fue torturado para emitir esa declaración y luego se retractó de la misma.
La familia de la víctima, a través de su asesor jurídico, presentó un recurso de revisión ante las instancias correspondientes, pero por unanimidad de votos los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declararon la improcedencia del mismo y se agotaron todos los recursos legales, quedando firme la sentencia dictada en favor de Lara González, al haber sido absuelto desde un inicio por “Duda Razonable”.
(Armando Gamboa Romero)
