Más de 200 mujeres del país que tuvieron parto prematuro, emergencia obstétrica o aborto espontáneo se encuentran presas y sentenciadas. En Yucatán existe un caso de una dama que fue violada y por decidir abortar purga una condena de diez años, mientras que en El Salvador alcanzan penas de hasta 50 años de cárcel, pese a no estar de acuerdo en abortar.
Verónica Cruz Sánchez, directora de Las Libres, organización feminista de Guanajuato, expresó lo anterior durante la presentación del informe sobre “Aborto, cárcel o muerte”, ayer a las 19:00 horas en el edificio de UNASSE.
Dijo que en el país 4 mil 118 mujeres fueron denunciadas por temas relacionados con el aborto del 2000 al 2017, es decir, que estuvieron bajo investigación de un ministerio público pero que, por no considerarse como delito grave, no fueron detenidas o encarceladas.
Dijo que los estados con más alto nivel de criminalización a las mujeres en los últimos 10 años son: Ciudad de México con 968 casos; Baja California, 531; Veracruz, 291; Nuevo León, 284; Estado de México, 209; Tamaulipas, 140; Jalisco, 123, Querétaro, 121; Guanajuato, 118; Campeche y Michoacán, con 117 y Tabasco, con 111.
“Presentamos el informe Muerte o cárcel, que fue elaborado por el Consorcio Latinoamericano contra el aborto inseguro, una organización a nivel Latinoamérica que tiene su sede en Perú; hicieron una investigación e invitaron a otras personas de diferentes países de América Latina, sobre un tema que ha cobrado relevancia desde hace muchos años; no existe muchos informes al respecto sobre la criminalización a las mujeres por el delito de aborto y sus delitos relacionados; hace años, incluso el movimiento feminista, creíamos que no había mujeres criminalizadas por aborto y mucho menos encarceladas y sí hay en toda América Latina; entonces este informe habla de casos específico en cada uno de los países”.
“La situación más grave se vive en El Salvador, en donde incluso por aborto espontáneo las mujeres pueden tener sentencias hasta de 50 años, sin que ellas hayan decidido abortar; también sucede en México pero en El Salvador más de 30 mujeres están en prisión por aborto o partos prematuros”, refirió.
“En este informe vamos a explicar cuál es el proceso de criminalización que va desde el momento en que las mujeres son denunciadas, luego pasan a una investigación por el Ministerio Público, en el caso de México; posteriormente pueden estar sujetas a un proceso penal y finalmente criminalizadas. Afortunadamente en el caso de nuestro país, por el nuevo sistema de justicia penal, por el Código penal de procedimientos penales que nos rigen, ya ninguna mujer por aborto va a estar en prisión, va a haber otros acuerdos, alternativas porque el delito no supera más de 5 años y por eso no van a estar en prisión pero eso no significa que no estén criminalizadas; sí hay sentencias contra mujeres; el último dato de los últimos dos años que se conocen son de más de 80 mujeres sentenciadas por el delito de aborto en el país”.
A pesar de salir de un proceso, la mujer sigue viviendo el estigma del rechazo de la misma sociedad que cree que lo que hizo estuvo mal, afirmó la entrevistada; sin embargo, en México en los casos que esta organización ha documentado nunca han encontrado el de una mujer rica, todas son pobres de áreas rurales, indígenas que muchas veces no hablan español, que no tienen una defensa adecuada, un debido proceso porque a nadie le importan; sin embargo, el estado con mayúscula y todas sus instituciones no les garantizaron el derecho a la salud, a la educación, pero si llegan con un parto espontáneo o prematuro o incluso en el caso de mujeres víctimas de violación tienen derecho al aborto legal en caso de violación pero no tuvieron acceso a ese servicio legal y están pagando en lugar de los violadores.
Yucatán
“En Yucatán en los últimos 5 años documentamos 5 casos y sólo una de ellas sigue presa purgando una pena de diez años por temas relacionados con el aborto, a pesar de que fue violada”, concluyó Verónica, quien durante este informe estuvo acompañada de la Dra. Sandra Peniche Quintal, directora de Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, y de Julia Pérez, coordinadora general de la organización feminista “Defensa Jurídica y Educación para Mujeres” de la Ciudad de México.
(Texto y fotos José Luis Díaz Pérez)
