Juez ordena arresto domiciliario a empresarios acusados de fraude


En espera de más pruebas para definir prescripción del caso
El Juez Segundo de Control del Centro de Justicia Oral de Mérida, Licenciado Luis Edwin Mugarte Guerrero, declaró una vez más que por el momento no existen las condiciones debidamente fundamentadas para resolver sobre el sobreseimiento y extinción de la acción penal por prescripción, por denuncia de fraude interpuesta por el empresario Fernando Francisco Javier Ponce García, contra los también empresarios Ermilo Castilla Roche y su hijo Ermilo Castilla Ponce, a quienes se les impuso como medida cautelar el arresto domiciliario con vigilancia oficial.
Ayer por la mañana dio inicio una prolongada audiencia en el Juzgado Segundo de Control, donde se resolvería sobre la solicitud planteada por el Licenciado Edgar Patrón Leyrana, sobre el sobreseimiento de la causa que se instruye contra su cliente y su hijo, como probables responsables del delito de fraude específico por un monto de mil 591 millones de pesos.
Lo anterior, en virtud de que en días pasados, el 22 de agosto, la Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia revocó la resolución del Juez Mugarte Guerrero al dictarles en un principio auto de no vinculación a proceso y se les dictó el auto de vinculación a proceso, ordenándose continuar el proceso con la imposición de medida cautelares.
Es el caso que antes debería resolver el Juez sobre la solicitud del sobreseimiento por prescripción, en la que se expuso que el denunciante tuvo conocimiento un año y 4 meses antes de la querella de los hechos que obran en la misma, en la que se expone que con un poder revocado Castilla Roche llevó al cabo diversos contratos de cesión de derechos y la formalización de contratos de promesa de venta de unas 232 parcelas de la isla de Holbox.
En la audiencia de ayer estuvo presente con sus asesores jurídicos la víctima directa, el empresario Fernando Francisco Javier Ponce García, quien hizo señalamientos directos hacia su ex yerno y su nieto, respondiendo uno de los imputados que todo son falsedades y que han presentado ante la Fiscalía denuncias en contra del ex suegro y abogados.
El Juez, luego de escuchar los argumentos de las partes en los que se señaló que en Cancún se inició una averiguación previa y luego se dijo que era una carpeta de investigación sobre hechos similares o coincidentes, en la cual la autoridad de esa Entidad resolvió un no ejercicio por prescripción, dejó entrever que si se tratara de los mismos hechos, para bien o para mal, sería una cosa juzgada, ya que matemáticamente sí se daría la prescripción.
Sin embargo, ninguna de las partes pudo sostener con prueba alguna que obre en las carpetas los datos de prueba para sostener sus argumentos, por lo que el Juez indicó que por el momento no podría resolver sobre un sobreseimiento por prescripción, puesto que tampoco hay los elementos para sostener esos dichos, así como lo que afirma la Fiscalía adscrita y el asesor jurídico Pablo Enrique Hernández Herrera, en el sentido de que al haber de por medio una denuncia ante la Procuraduría General de la República por hechos similares, se interrumpe la prescripción.
Son argumentos válidos, expresó el Juez, pero sin el fundamento legal que lo avale, por lo que hasta en tanto no se tengan las carpetas y datos de prueba necesarios, el proceso continuará y se dará cumplimiento con el ordenamiento de los Magistrados, en torno a la imposición de las medidas cautelares y plazo de investigación.
La fiscal adscrita Julia Cristina Marrufo Palomo puso a temblar a los imputados al demandar la prisión preventiva como medida cautelar, sostuvo su petición ante la falta de arraigo en la Entidad del imputado Castilla Roche, un proceso penal pendiente en el sistema tradicional por uso indebido de documento falso, el millonario monto, la sanción penal a imponer de 5 a 10 años y que tiene propiedades en otras partes de la República y facilidad para viajar, ya que es una persona con buena capacidad económica, pidiendo lo mismo para su hijo Castilla Ponce.
La defensa solicitó otras medidas menos gravosas, pero no se accedió a ello y finalmente el Juez ordenó su arresto domiciliario con vigilancia oficial, por lo que se giraría oficios a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Fiscalía General del Estado y a la Policía Estatal de Investigación, para que se mantenga una vigilancia en los predios donde estarán los imputados, para evitar que se sustraigan de la acción de la justicia estarán sometidos a vigilancia de parte del Centro Estatal.
(Armando Gamboa Romero)



 
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