El fracaso político y social de la gestión tecnocrática durante el sexenio de Enrique Peña Nieto





Antropólogo Jorge Franco Cáceres


Introducción

Los sucesos centrales de los sexenios políticos suelen suscitar opiniones divididas entre los analistas de los medios impresos y electrónicos. Sin embargo, cuando algún gobierno resulta cuestionado en forma aplastante por sus iniciativas sexenales es debido a un caudal de proyectos fallidos que habla del fracaso político y social de su gestión administrativa.
No faltan quienes aplauden los proyectos tecnológicos, industriales y turísticos del gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN), sin reconocer algo concerniente a los inconvenientes históricos y los perjuicios sociales de estas obras y servicios de perfiles especulativos. Proceden así porque son partidarios de la gestión tecnocrática del entorno globalizado, misma que consideran un honor por lo que significan para ellos los capitales externos y las inversiones transnacionales.
Debemos decir también que se trata de sujetos militantes de las coaliciones derrotadas el 1 de julio, que no están dispuestos a admitir en público los fracasos de los proyectos peñistas. No lo están debido a que se trata de obras y servicios imperiosos de infraestructura, tecnología o arquitectura, todos resultantes de esquemas financieros viables, pero ajenos al estado de los patrimonios nacionales y la realidad de los problemas sociales.
Honestamente, solo podríamos hablar de que el gobierno de EPN cumplió “de maravilla” con México –que, efectivamente, consiguió moverlo porque sí sabía gobernar–, si los sexenios presidenciales consistieran en respaldar incondicionalmente la gestión tecnocrática de acuerdo con los criterios mercantiles de los poderes extranjeros y las fuerzas transnacionales. Los resultados electorales, avasalladoramente favorables a AMLO y MORENA demostraron que, definitivamente, no fue así.

Nada de desarrollo integral y sostenible, sino tecnología, industria y arquitectura como gestión tecnocrática durante el sexenio peñista

El aún presidente EPN habla del avance nacional y el desarrollo regional con resultados como: autopistas y carreteras, puertos marítimos, trenes interurbanos, aeropuertos internacionales, telefonías móviles, conexiones de Internet, acueductos acuíferos, plantas de tratamiento, tratados comerciales, agendas globales, acuerdos climáticos, reformas estructurales, zonas económicas, licitaciones privadas, concesiones industriales y turísticas, etc., sin asumir que todas estas iniciativas arbitrarias fueron proyectos fallidos.
Decimos que fueron proyectos fallidos y no iniciativas exitosas porque durante todo el sexenio peñista, comenzando por el mismo titular federal, abundaron en el gobierno central las autoridades con perfiles de tecnoadministradores. Aquí, procede señalar que hablamos de empleados mexiquenses que urgidos de elogio presidencial operaban por órdenes de los encargados de la oficina presidencial, para tratar de consagrar las obras y los servicios de interés extranjero desde los medios publicitarios.
Sea el caso de los negocios de tecnología de comunicación, de los correspondientes a la industria de extracción o de los montajes inmobiliarios de arquitectura de implantación –siempre lejos de las propuestas científicas al Estado mexicano para certificar sus impactos nacionales e imponerles controles regionales y locales a los proyectos de despojo patrimonial y saqueo mercantil–, las resoluciones oficiales fueron determinantes desde el mercadeo publicitario para que las empresas transnacionales avanzaran por todo México.
No hubo durante el sexenio peñista más que proyectos, cuyos propósitos centrales estaban en la gestión tecnocrática antes que en las calidades integrales y los perfiles sostenibles de los mismos. Destacaron, entre ellos, las concesiones resultantes de las rondas de licitaciones de las reformas estructurales, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y los Trenes México-Toluca y Guadalajara. Hubo también obras menores en algunos estados que respondieron al mismo esquema de gestión del peñismo, como el Centro Internacional de Congresos y el Palacio de la Música, en Yucatán.
El compromiso de gestión tecnocrática –más allá de compromisos con agendas globales para el desarrollo sostenible y acuerdos internacionales contra el cambio climático–, fue el único que prevaleció sobre todos los componentes de planificación integral durante todo el sexenio de EPN. Por esta razón, en los informes presidenciales se ponderaban los proyectos de obras y servicios de interés transnacional, evitando cualquier atención a las iniciativas que pretendían competencia comunitaria en los negocios empresariales de comunicación, extracción e implantación.
Así las cosas, las obras y servicios señalados fueron de total interés para el peñismo, porque tenían orígenes y destinos calificados en el entorno globalizado, es decir, eran ajenos a los orígenes y destinos de los reclamos sociales, a partir de las necesidades de las comunidades regionales. En consecuencia, solo se abrió espacio institucional para zonas económicas especiales y nuevos tratados comerciales, al mismo tiempo que se ignoraba la gestión política y social para la creación de áreas estratégicas y zonas vulnerables, tales como territorios comunes que no serían para estar al servicio incondicional de la tecnología, la industria y la arquitectura para el despojo patrimonial y el saqueo mercantil.

Conclusiones

El gobierno de EPN entendió que el avance nacional y el desarrollo regional consisten en servir a la gestión tecnocrática del entorno globalizado, al mismo tiempo que ignoró la sostenibilidad del desarrollo de las áreas estratégicas y las zonas vulnerables de México.
No cabe duda de que, ante la evidente carencia de criterios políticos y sociales de la gestión tecnocrática del peñismo mexiquense, AMLO y MORENA tendrán que impulsar alternativas para diferenciarse de él desde las obras y los servicios públicos, incentivando la gestión fincada en la planificación integral y el desarrollo sostenible.
Entre otras actitudes democráticas, al presidente electo y la nueva mayoría legislativa les corresponde impulsar proyectos indispensables que reconozcan la gobernanza democrática en términos de competencia ciudadana o tradición comunitaria.



 
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