Guillermo Fabela Quiñones
Apuntes

Como era previsible, la propuesta de reforma laboral del PAN está encaminada a poner fin a los legítimos derechos más elementales de los trabajadores, sin que importen las consecuencias sociales de tamaña irresponsabilidad. Es asombrosa la insensibilidad de la oligarquía promotora de semejante desatino, que de aprobarse acabaría con la escasa gobernabilidad existente, al legalizar la esclavitud asalariada y cerrar las puertas de acceso a una vida más digna para millones de mexicanos. En todas sus partes, la iniciativa blanquiazul es cien por ciento favorable a los patrones, cuando lo urgente es poner en marcha equilibrios razonables en las relaciones laborales. Se pretende legalizar toda suerte de abusos contra los trabajadores, en un momento histórico muy complejo, debido sobre todo a la aplicación sistemática de políticas laborales de por sí adversas a los asalariados.
La justificación es la necesidad de generar empleos y que México sea más competitivo como economía emergente. Con una legislación a modo de los empresarios y del capital, en las actuales condiciones sociales y económicas del país, lo único que se habría de conseguir sería una mayor polarización, así como un encono más enérgico contra la burocracia dorada por su total incapacidad para negociar políticas públicas democráticas, que aseguren un desarrollo más equitativo y verdaderamente sustentable. Profundizando las condiciones de pobreza extrema en que sobrevive más de la mitad de los mexicanos, es claro que no se podría esperar otra cosa que una más acelerada descomposición del tejido social, de por sí grave en los actuales momentos.
En aras de favorecer la productividad, se busca legalizar condiciones de explotación propias de los tiempos de la Revolución Industrial de fines del siglo diecinueve. Permitirlo sería tanto como retroceder a esos tiempos, con el agravante de que los riesgos ahora son mucho mayores por el volumen de población urgida de satisfactores básicos que no es conveniente seguir escatimando. Es realmente increíble que la oligarquía no se dé por enterada de las condiciones de terrible precariedad en que sobreviven dos terceras partes de los habitantes de México, y todavía pretenda ahondar esta situación tan dramática, cuyas consecuencias son inocultables. ¿Cómo suponen que se podrá abatir la violencia y la inseguridad pública si las familias ven canceladas de manera definitiva sus expectativas de un mínimo mejoramiento?
No se necesita mucha imaginación para visualizar cómo se agudizaría a niveles inmanejables la crisis social de una nación sumida en la depresión de las masas, tanto sicológica como económica. La gente empezaría a matar por hambre, por un incontenible rencor social contra una minoría altamente privilegiada, por necesidad de sobrevivir en un ambiente parecido a una selva primitiva.
Con la total cancelación de los derechos laborales que hoy consagra la Constitución General de la República, que sin la reforma laboral de por sí les son escatimados a los trabajadores, los asalariados pasarán a la condición de mano de obra esclava como lo fueron los peones acasillados en el porfiriato. Según los patrones, sólo así el país estaría en posibilidad de competir con China y otras economías altamente atractivas por el bajo costo de la mano de obra. Esto es una soberana mentira, porque lo que hace competitiva a una nación es su capacidad para absorber conocimientos que permitan bajar costos, situación que será aún más esencial en el futuro. Lo que mueve al empresariado “mexicano” al proponer una reforma laboral fascista, es el móvil del mayor lucro con el menor esfuerzo.
Es clara, desde luego, la necesidad de modernizar las relaciones entre patrones y trabajadores, entre sindicatos y el Estado, pero hay que hacerlo con un sentido de justicia y una visión progresista, que favorezca equilibrios indispensables de los que ahora se carece, porque prevalecen deformaciones estructurales que no son achacables a los asalariados. En los hechos, luego de tres décadas de políticas neoliberales, se canceló el espíritu y la letra del artículo 123 constitucional, y ahora se pretende legitimar una práctica contraria a los trabajadores, con una reforma que parece sacada de los esquemas de gobierno de la Alemania nazi y la Italia fascista. No dejarla pasar es el único camino que le queda al Congreso para evitar un retroceso histórico cuyas consecuencias serían muy lamentables, ya que se agravarían condiciones de injusticia social que tienen al país al borde de un caos apocalíptico.
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