Sin margen presupuestal



Rogelio Ramírez de la O


Los Criterios de Política Económica anunciados por la Secretaría de Hacienda para 2016 muestran un nulo margen para relajar la reforma fiscal, más allá de algunos cambios simbólicos que quiera conceder el Congreso a líderes empresariales y al PAN.
Lo anterior, porque la caída del ingreso petrolero ha superado al aumento del ingreso tributario. En 2016 no se anticipa que el precio del petróleo mejore y el volumen de producción esperado por el gobierno es probable que sea muy optimista. La caída de estos ingresos se estima en 2.1 por ciento del PIB para 2016 con respecto a la esperada en el presupuesto de 2015.
De ahí la reducción del gasto programable de 1.7 por ciento del PIB, del cual 0.5 por ciento se reduciría en 2015 y el resto en 2016. Aun con más recaudación tributaria y con esta reducción de gastos, el déficit fiscal aumentó de 378 mil millones de pesos en 2013 a 642 mil en 2015 y solo bajaría ligeramente en 2016.
Aparte de que no se puede relajar la reforma fiscal, el recorte al gasto es ahora lo prioritario. Por lo ponto los recortes de inversión en Pemex y en infraestructura tendrán un impacto negativo en el crecimiento y por eso las expectativas oficiales de 3.1 por ciento quedan expuestas a reducciones.
Pero aún más importante es que la dinámica de varios componentes de gasto a mediano plazo parece insostenible. Estos son los gastos operacionales diferentes de servicios personales; los de pensiones y los subsidios y transferencias.
Aunque la denominación gasto operacional sugiere que dicho gasto es necesario para que el gobierno funcione, lo cierto es que como todo gasto corriente su reducción es la menos riesgosa para el crecimiento económico, a diferencia de los gastos de inversión. En esta categoría el escenario oficial ya plantea reducciones importantes.
Una reducción significativa de estos gastos, siendo factible, sin embargo requiere de una postura muy clara a nivel presidencial para lograr el apoyo o por lo menos la aceptación resignada de los líderes de los partidos políticos y por lo tanto del Congreso. Esto, para aplicarla a los gastos del mismo Congreso, así como de los organismos autónomos.
Esta reducción sería muy sustancial si involucrara a todos estos entes, pero sólo es factible si hay una redefinición de la cultura política y administrativa. Es irrisorio que aun a estas alturas, después de reducciones de ingresos petroleros, organismos como el INE insistan en pretender mayores recursos.
Ya se hizo una reforma de pensiones públicas, pero muchas pensiones, de nuevo en los órganos autónomos y en el Poder Judicial, siguen demasiado altas y deberían tener una reducción.
Los programas sociales que ha contabilizado el Coneval son 5 mil 900 y no han reducido la pobreza en varias de sus definiciones. Los recursos del sector público para subsidios y transferencias se sextuplicaron entre 2000 y 2014. Desde su inicio bombástico con el Programa Solidaridad, de Carlos Salinas, su expansión es una aceptación implícita de que la estrategia económica no funcionó para crecer más que 2.1 por ciento que es el promedio en el largo plazo, ni para crear suficiente empleo productivo.
Nunca será mejor un peso invertido en subsidios de programas sociales que uno invertido en programas de empleo sostenibles. Por lo tanto esta reducción requeriría de una profunda revisión de la estrategia de crecimiento.
El momento actual es de dificultades por la caída de ingresos petroleros y el bajo crecimiento de la economía. También es una oportunidad para hacer fuertes recortes de gasto superfluo, pero sólo funcionará con la máxima voluntad presidencial.

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