Julio Pimentel Ramírez

Así como colonias de Chalco y otras del Valle de México se inundan con aguas negras, derramadas no solamente por intensas lluvias atípicas sino, principalmente, por las políticas neoliberales que relegan a un lugar secundario obras de infraestructura hidráulica y urbana, especialmente si se trata de zonas donde habitan mexicanos pobres; la República toda se encuentra bajo las aguas de albañales que brotan desde Los Pinos, San Lázaro, Xicoténcatl, el Palacio de Justicia, San Ángel y El Ajusco (sitios donde se asientan Televisa y TV Azteca) y desde otros lugares donde habitan las cúpulas de los poderes económico y político que nos han convertido en una nación de damnificados.
Así, en tanto continúa fluyendo la información sobre la dimensión de la tragedia provocada por las precipitaciones pluviales, en confluencia con factores sociales, en Michoacán, Estado de México, Distrito Federal y otras entidades, también somos testigos de nuevas evidencias que refuerzan la tesis del fracaso calderonista en su “guerra” contra el narcotráfico a pesar de que tratan de hacer creer lo contrario con golpes mediáticos al anunciar la captura de sicarios de segundo nivel, sujetos rápidamente reemplazables en las estructuras criminales.
Calderón simula preocupación por los damnificados –por las lluvias, no por los afectados por sus neoliberales políticas- y al tiempo que, como es su costumbre, reparte responsabilidades sin aceptar la propia, trata de minimizar los efectos negativos que sobre su imagen (de por sí aún más disminuida al grado que ya ni sus antiguos socios respetan) puedan tener sus precipitadas declaraciones, tildando de pandilleros a los jóvenes masacrados en días pasados en Ciudad Juárez, la urbe más violenta de México.
El presidente ilegítimo envió a Ciudad Juárez al encargado del despacho de Bucareli, Fernando Gómez Mont, quien a su nombre presentó disculpas a los familiares de las víctimas; lo hizo de manera privada, en lo oscurito como acostumbra hacer el calderonismo, no de manera pública como correspondería a un gobierno verdaderamente democrático y honesto.
Además no se trata de autocríticas en el discurso sino en los hechos, algo que la actual administración no está en condiciones de realizar, pues son múltiples los vínculos que algunos funcionarios mantienen con la delincuencia organizada, según versiones públicas fundamentadas.
El tamaño de la desesperación de la población y de los funcionarios gubernamentales de Chihuahua, se manifiesta en la propuesta de trasladar a Ciudad Juárez los tres poderes del Estado, iniciativa que requiere la aprobación de la mayoría calificada del Congreso local, es decir harán falta votos de diputados panistas, cuyo partido ha manifestado su disgusto por la propuesta del mandatario priísta.
Más allá de los móviles políticos de esta propuesta, lo que desnuda es la magnitud del problema que ha derivado en que amplias regiones del país se encuentran bajo la violencia delincuencial y las reglas del crimen organizado, ante un Estado que abandona su obligación de brindar seguridad a la población.
En este aspecto de la realidad nacional se podría decir, en sentido figurado pero que refleja lo que está pasando en la República, que el líquido que inunda a gran número de ciudades del país no es agua negra sino roja tenue, por la sangre de más de 17 mil ejecutados diluida en las lágrimas de miles de familias afectadas por la violencia y la muerte.
Al lado de los damnificados por las inundaciones y la violencia del crimen organizado, se encuentran 70 millones de mexicanos que viven en la pobreza gracias a las políticas económicas que se aplican desde hace tres décadas. Enorme universo de personas que incluye a millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan y que, por esa condición de desesperanza, son frágiles ante las ofertas del narcotráfico que les promete –aunque eso sea un sangriento espejismo que les cegará la vida en plena juventud- lo que el Estado y la sociedad les niega.
La responsabilidad de los gobernantes en la enorme cantidad de pobres, en el elevado número de ejecuciones, asesinatos políticos, desapariciones forzadas, torturas, encarcelamientos injustos, damnificados recurrentes provocados por fenómenos naturales magnificados por la “mano del hombre”, en fin por el sufrimiento y el dolor de millones de seres humanos, a lo que hay que añadir los daños ecológicos que devastan el medio ambiente, no solamente se debe a su ineficacia e ineptitud sino también a la corrupción estructural que se apropia de la riqueza social.
De este modo vemos que las aguas negras del robo y la corrupción, inundan al país desde hace muchos años: la mayor parte de la clase política y empresarial se mueve a gusto en su densidad maloliente. Los multimillonarios recursos de la nación, entre ellos la fuerza de trabajo, el petróleo, los minerales, las telecomunicaciones, etc., han servido para enriquecer a unos cuantos políticos y empresarios. Es hora de limpiar a la Nación para evitar epidemias mayores.