Traición a la Patria



Ricardo Mejía Berdeja
La privatización del petróleo

Hay mil y una maneras de privatizar, y mil y una maneras de simular. En la Reforma Energética propuesta por Peña Nieto converge la visión miope y poco democrática de la élite política que echa mano de lo público como si le perteneciera.
De acuerdo con el diccionario, privatización es: “transferir una actividad administrada por el Estado, a una empresa privada”.
Explícitamente el proyecto de Reforma Energética pretende asegurar un marco constitucional que permita:
“a) La celebración de contratos del Ejecutivo Federal con organismos del Estado y/o con particulares en actividades de exploración y extracción, y b) que además de los organismos del Estado, los particulares participen directamente bajo esquemas regulados en la cadena de valor después de la extracción, incluyendo el transporte, tanto de los productos obtenidos del subsuelo (petróleo crudo, gas natural y sus líquidos), como de aquellos que son resultado de la transformación (petroquímicos y refinados), siempre en los términos que establezca la legislación secundaria, a través de permisos que otorgue el Ejecutivo Federal”.
En la misma tesitura plantea para el sector eléctrico un desarrollo “basado en la participación conjunta de la Comisión Federal de Electricidad y de particulares”.
Pese a ello, la palabra “privatización” no ha sido utilizada por los promotores de la reforma. No les gusta por el enorme rechazo social que genera el término y por la experiencia fallida de esta actividad.
Sin embargo, los procesos de privatización empiezan con todo tipo de eufemismos y justificaciones creadas ex profeso.
Hoy “modernización” es uno más de los eufemismos con los que han tratado de enmascarar esta privatización soterrada de la riqueza energética.
Emilio Lozoya Austin lo refrenda: “¿Qué ha sucedido mientras en otros países donde no se habla de privatizaciones, no se habla de traiciones a la Patria? Se habla de modernizaciones”.
Esta frase acuñada por el Director General de Petróleos Mexicanos forma parte de las florituras retóricas con las que el Gobierno Federal pretende aminorar el costo político que acarreará la oleada privatizadora.
Y no es para menos.
En un país donde la clase política priísta y sus aliados acostumbran falsificar el lenguaje, simular y mentir sin recato ni el menor escrúpulo, tenemos que decirle a las cosas por su nombre: la privatización del petróleo por parte de la camarilla gobernante y sus vasallos del Pacto por México es un acto de traición a la Patria.
El concepto “traición a la Patria” no está usado a la ligera, no se enmarca en letanías de los nostálgicos del nacionalismo petrolero. La traición a la patria es un fenómeno genuino que la elite política está por consumar.
El Código Penal Federal establece en su artículo 123, fracción primera, que comete traición a la Patria el mexicano que: “Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero”.
El tipo penal de traición a la Patria es inequívoco y claramente incurrirían en ese delito quienes perpetren ese atraco a la Nación, así sea Enrique Peña Nieto, Pedro Joaquín Coldwell, Emilio Lozoya Austin o los legisladores que promuevan y aprueben el proyecto de reforma energética.
De insistir en la celebración de contratos con particulares se contribuirá a la entrega, abierta o simulada, de los recursos petroleros y del sector eléctrico, atentando contra nuestra integridad.
Y es que hasta ahora los actos del grupo gobernante han estado encaminados a someter la operación y la renta petrolera de nuestros hidrocarburos a las corporaciones extranjeras. De hecho PEMEX ya ha cedido el control de activos importantes a los grupos empresariales, como pasó con Mexichem y el complejo petroquímico “Pajaritos”, entregando recursos multimillonarios.
Lo que el gobierno quiere es un cheque en blanco para eliminar la restricción de celebrar contratos con privados establecida en el artículo 27 constitucional y, por otra parte, quitar el monopolio estatal sobre el petróleo, los hidrocarburos y la electricidad, establecida en el artículo 28.
La iniciativa de Enrique Peña Nieto es sospechosamente escueta, ya que sólo elimina candados a la privatización mediante contratos y se pierde el carácter estratégico de nuestros recursos, sin limitar a esta apertura en enmiendas o transitorios. Omite los porcentajes de utilidad con las empresas privadas en los contratos de utilidad compartida, dejando todo supuestamente a la legislación secundaria.
Esta omisión es intencional. Ahí están la corrupción del contratismo en la que están involucrados los ex directores de PEMEX. Son los casos de Luis Ramírez Corzo, Jesús Reyes Heroles, Juan José Suárez Coppel, ahora miembros de Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro.
O el propio Emilio Lozoya Austin, quien reconoció en su comparecencia en la Cámara de Diputados que durante su gestión como consejero de OHL (antes de su nombramiento como Director General de Pemex) la empresa recibió casi 7 mil millones de dólares por contratos con los gobiernos de Puebla y el Estado de México. Hoy OHL recibe contratos de Petróleos Mexicanos y del sector energético.
Los lectores podrán imaginarse entonces porqué se frotan las manos con la privatización de nuestros recursos petroleros.
Detrás de la embestida propagandística de los corifeos del gobierno para justificar la traición a la Patria está la voracidad para disponer de la renta petrolera en su beneficio y el de las trasnacionales.



 
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