Reforma o revolcadero




Porfirio Muñoz Ledo

Estos días conoceremos la iniciativa de reforma al sistema de telecomunicaciones que está siendo cocinada entre representantes del Gobierno y de tres partidos políticos, cuyo contenido -según ha trascendido- no conocen siquiera los coordinadores de los grupos parlamentarios. Se trata probablemente de un forcejeo con los concesionarios que integran el conocido duopolio. El más estricto sigilo en un tema que merece la mayor transparencia.
Hace años que hemos sostenido la inconstitucionalidad de la Ley de radio y televisión. En primer lugar porque el Congreso de la Unión carece de facultades explícitas para legislar en la materia. Existe además una confusión conceptual entre “espacio aéreo” de la nación, regulado por el artículo 27 y lo que es propiamente el espectro radioeléctrico, que exige una definición más precisa. Las telecomunicaciones no pueden ser equiparadas con el petróleo o la minería, cuya explotación depende del Ejecutivo federal. Hemos insistido también en establecer un vínculo de congruencia entre los contenidos que difunden los medios y los principios y valores democráticos que establece la propia Constitución.
Tras de largas resistencias de los defensores del statu quo, hoy parece evidente la necesidad de una reforma constitucional que genere transformaciones profundas a riesgo de prolongar el sistema actual, nada más que revolcado. Es menester dejar atrás los proyectos minimalistas que se conformaban con el cambio de las leyes, lo que no hacía sino confirmar los “derechos adquiridos” por los concesionarios. Una reforma verdadera requiere la devolución al Estado de facultades indebidamente hipotecadas y la emergencia de la sociedad como promotora y beneficiaria de un cambio de sistema comunicacional.
Es en extremo indicativo que el movimiento #Yosoy132 haya definido como su objetivo central la reforma de las telecomunicaciones, clave de una democracia contemporánea. Es sorprendente y aleccionador que una juventud, envuelta en los patrones culturales que proclaman los medios comerciales tenga la lucidez y el arrojo para demandar la ciudadanización de las instituciones responsables de administrar esta rama fundamental del espacio público. Es también un triunfo de la Universidad, en su sentido más amplio.
Pienso que sería pertinente asomarse con detenimiento a las propuestas societarias. Todas ellas postulan, con diversas fórmulas, la autonomía constitucional del órgano regulador y la distribución equitativa del espectro entre entidades públicas, privadas, comunitarias y académicas, Algunas establecen límites a la concentración de frecuencias por una compañía o consorcio, que no podría exceder el 20% del espectro. Todas reconocen el derecho a la comunicación libre y plural y a acceder, recibir y publicar información por cualquier medio de divulgación.
La cuestión de los contenidos no puede ser evitada. En la medida en que se reconozca que la radiocomunicación y las telecomunicaciones son de servicio público podrán establecerse normas generales de comportamiento. Por ejemplo, que los medios procurarán transmitir programas de calidad, información veraz, contrastada e imparcial en las noticias. Igualmente estaría definida su obligación de contribuir al fortalecimiento de los principios democráticos y a la elevación cultural de la población. Los poderes públicos, por su parte y en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarían el acceso universal a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
El espectro radioeléctrico es propiedad de la nación y podrán acceder a su uso, explotación o aprovechamiento, en condiciones de igualdad, los sectores antes mencionados, ninguno de los cuales podrá disponer de más de un tercio de dicho espectro. La pluralidad habrá de ser objetivo central de un nuevo sistema, no sólo como fruto de la competencia, sino como eje rector de una política comunicacional democrática.
Es indispensable prever las consecuencias de la digitalización, a partir del “apagón analógico” del 2015. La distribución de las bandas de frecuencia del espectro -ya sea que liberen por el vencimiento de anteriores concesiones o por el avance de las tecnologías de la comunicación- deberán ser distribuidos equitativamente entre los distintos sectores. Esta cláusula garantizaría por sí sola la democratización progresiva del sistema, que es el corazón del debate.



 
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